Pedro Sánchez tiene previsto gobernar lo que queda de 2019 con el presupuesto heredado de Mariano Rajoy y no presentar un proyecto de ley aunque logre ser investido presidente del Gobierno en julio y en segunda votación.
Fuentes gubernamentales explican a Vozpópuli que sería "absurdo" llevar en septiembre al Congreso el presupuesto que la Cámara tumbó en febrero, para solo dos meses de vigencia -entraría en vigor en noviembre- e interfiriendo claramente en el calendario de tramitación de los de 2020.
Además, cuando se disolvieron las Cortes para ir a las elecciones del 28 de abril, decayeron todas las leyes en tramitación; y entre ellas algunas básicas del capítulo de ingresos como la nueva Tasa Tobin -a las transacciones financieras- o la Tasa Google a las empresas tecnológicas. Y para tramitar unos presupuestos 2019 aprisa y corriendo habría que aprobarlos antes como proyectos de ley.
6.000 millones menos de anticipo
Ni siquiera la actualización de los anticipos a cuenta -6.000 millones- que tendrían que haber percibido las comunidades autónomas justifica esa tramitación. El Ministerio de Hacienda está buscando mecanismos para evitar ajustes a los gobiernos regionales, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admite que todavía no se ha encontrado una "fórmula redonda" porque la Ley de financiación Autonómica (LOFCA) es orgánica y no puede modificarse vía decreto-ley.
Se hará, probablemente, cuando se negocie la reforma del sistema que en estos días está siendo objeto del pacto de investidura del presidente del Gobierno en funciones con los partidos políticos, en particular Compromís, el cual condiciona su apoyo al PSOE a que "en un año" esté en marcha ese nuevo sistema.
Los que sí se van a beneficiar de una reforma inmediata son los funcionarios, a quienes se va a subir el sueldo un 0,25% vía real decreto, a resultas del cumplimiento de la clausula variable fijada en convenio en función de la subida del PIB -2,6% en este año 2019-.
