La propuesta apareció en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 13 de diciembre. La registró Sumar como proposición no de Ley, con un título tan rimbombante como el que sigue: "Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo". En tres páginas, la formación que gobierna en coalición junto al PSOE enumera una batería de medidas que dejaron ojiplático al sector turístico, locomotora de la economía tras el Covid.
Puede afirmarse, sin exagerar, que el turismo es de los pocos vectores del PIB que están funcionando realmente bien, en comparación con ramas como la industria, que no atraviesa sus mejores momentos. Ejerce un efecto arrastre directo sobre la restauración o el comercio, hasta el punto de que, en 2023, aportó el 70% del crecimiento real de la economía, según Exceltur. Por esta razón, desconcierta tanto entre las empresas -grandes y pequeñas- que Sumar plantee, justo ahora, la imposición de nuevas trabas a la actividad.
La pregunta que circula es obvia: ¿se trata de un plan sobre el turismo o contra el turismo? La propuesta parlamentaria entraría en el terreno de lo anecdótico si no la abanderara Yolanda Díaz. Además de liderar Sumar es vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Y el principal "eje" de su plan para el turismo es el laboral. Este miércoles, la proposición no de ley cobrará de nuevo actualidad, ya que se someterá a debate y votación en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso.
El plan de Díaz tiene como objetivo promover un «trabajo decente» para quienes viven del turismo y sus actividades adyacentes (hostelería, restauración o comercio). Sumar propone subir el salario mínimo, reducir la jornada laboral y "terminar con la cultura empresarial de las horas extra". Ya lo advirtió Alberto Garzón en mayo de 2020, en unas declaraciones que levantaron gran polvareda. Era ministro entonces de Consumo y aseguró que el turismo es "un sector bajo valor añadido”, con una actividad “estacional y precaria”.
Sumar plantea ahora "medidas que favorezcan el descanso, como cerrar antes los comercios y restauración, así como reducir la apertura dominical y en festivos de las zonas de gran afluencia turística". El plan de Diaz pone el foco en las condiciones laborales de los trabajadores, pero elude cualquier medida para apoyar o fortalecer a las empresas y autónomos que generan los empleos. De nuevo según Exceltur, el turismo propició la creación de 95.224 puestos de trabajo en 2023, equivalentes al 17% de todo el empleo generado en España.
Es loable el propósito de luchar contra la precariedad, pero no lo es tanto usar a los empresarios como 'culpables', cuando deberían ser aliados. Aumentar más aún las cargas -laborales, fiscales o burocráticas- puede conducir a la meta opuesta: promover más precariedad o -lo peor- destrucción de empleo.
El sector servicios puede dar fe del peso de las trabas administrativas. Sólo en el comercio, el Gobierno aprobó o modificó 1.140 normas, según un estudio reciente de Asedas. "Esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias", concreta la asociación, que agrupa a supermercados como Mercadona, Dia, Consum o Coviran.
España tampoco es un país que se prodigue por la libertad de horarios comerciales, otro de los puntos que quiere abordar Sumar. Según Anged, "a excepción de la Comunidad de Madrid, donde el comercio puede escoger los días y horarios de apertura, la mayor parte de las comunidades mantienen un régimen de 10 domingos y festivos de apertura autorizada al año".
La patronal -que agrupa a grandes empresas como El Corte Inglés, Ikea, Media Markt o Leroy Merlin- recuerda que "buena parte de las tiendas están cerradas por ley 52 días al año". "Durante casi dos meses, el comercio físico no puede competir en igualdad de condiciones con el ecommerce, que ha crecido un 80% en facturación desde la pandemia", añade Anged.
La reducción de la jornada laboral también puede implicar problemas, si no se aplica de forma consensuada con los empresarios. Ni la CEOE se ha negado a negociar un recorte del horario laboral, siempre que esté ligado a la mejora de la productividad. La acción del Gobierno de coalición apunta, sin embargo, a una acción unilateral y apresurada.
Riesgos para el turismo
No extraña que BBVA Research contemple la reducción de la jornada pactada entre PSOE y Sumar como uno de los "nuevos riesgos derivados de decisiones políticas". El servicio de estudio señala que "las regiones en las que más trabajadores exceden ese límite de horas, y por tanto, las que se podrían ver más afectadas, son Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid". Es decir, las más turísticas.
Según BBVA Research, el turismo está en la cresta de la ola por "las menores restricciones de oferta" y "las dificultades" en otros países competidores. "La inmigración está permitiendo la creación de empleo en la hostelería, mientras que el sector hotelero es uno de los pocos donde la inversión crece con fuerza", añade el equipo de economistas que lidera Jorge Sicilia.
El momento es crucial para propiciar, desde el Gobierno y las CCAA, un crecimiento más sostenido y sostenible. Los propios empresarios son conscientes del riesgo de morir de éxito. Por eso es tan importante el consenso entre todos los implicados, para aprovechar la incercia. Y, sobre todo, la millonada de fondos europeos que aguardan en el cajón.
