El Banco Central Europeo (BCE) considera que Banco Popular se saltó, al menos desde 2014, la normativa contable establecida por la legislación española, infló tasaciones de activos inmobiliarios, refinanció a promotoras en quiebra y usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo durante años y sus ratios de solvencia.
Así lo atestiguan dos inspecciones realizadas por el organismo que preside Mario Draghi en los últimos años de vida de Popular como entidad independiente, a cuyos informes finales, demoledores y de carácter estrictamente confidencial, ha tenido acceso Vozpópuli.
La última inspección que realizó el BCE en Banco Popular está focalizada en la cartera de activos adjudicados de la entidad. Comienza aún bajo la presidencia de Ángel Ron, en diciembre de 2016, y concluye en enero de 2018, fecha en la que la entidad ya ha cambiado de manos tras su resolución y posterior venta a Banco Santander.
Agujero de hasta 1.620M.
En este periodo, los inspectores del supervisor descubren numerosas deficiencias en los procesos que utilizaba el antiguo equipo gestor de la entidad para valorar los activos inmobiliarios que tenía en balance como consecuencia de la crisis, lo que provocaba un déficit de provisiones multimillonario, de entre 1.418 y 1.620 millones de euros, según los cálculos del BCE.
La deficiencia más importante es que el banco no cumplía con los criterios de contabilidad que exige la normativa española, lo que, por sí solo, generaba un agujero de entre 1.153 y 1.355 millones de euros. En concreto, Popular incumplía las reglas contables que regulan el registro inicial de los activos adjudicados e impiden su elevación posterior por el simple incremento del valor de referencia y también aquellas que exigen una cobertura mínima e independiente cuando estos activos permanecen un tiempo excesivo en balance o están incluidos en el ámbito de aplicación del primer decreto Guindos del año 2012, que exigía a los bancos mayores dotaciones para su ladrillo.
"El incumplimiento de las normas contables detalladas en este finding (hallazgo) tiene como efecto principal la alteración de los resultados de la entidad, con la consiguiente alteración de los coeficientes de solvencia declarados. Adicionalmente y en relación con el criterio seguido por la entidad de registrar los activos por su coste de adquisición y corregir en ese mismo instante dicho valor mediante la dotación de coberturas por deterioro, debemos señalar que altera la comparabilidad de su cartera de adjudicados con la del resto de entidades", reza el informe redactado por Ignacio Pardo, coordinador del JST (Join Supervisory Team, equipo que combina inspectores del BCE y el Banco de España) entre 2015 y 2017. Pardo declaró en el Congreso, pero las cláusulas de confidencialidad de Fráncfort hicieron que no pudiera casi hablar.
Responsables
Como responsables del incumplimiento de la normativa contable, el BCE apunta hacia el interventor general de Popular entre 2011 y 2016, Javier Moreno -que también está señalado por la CNMV-, a los responsables de Auditoría Interna del banco, sección dirigida por Yolanda García, y a la Comisión de Auditoría, presidida entonces por Roberto Higuera y de la que también formaban parte los consejeros José María Arias y Jorge Oroviogoicoechea.
"Estamos ante un fallo que involucra a todos los elementos del Sistema de Control Interno, pues la segunda línea de defensa (Intervención General) ha propuesto reglas internas que no cumplen con la normativa vigente, la tercera línea de defensa (Auditoría Interna) no ha denunciado la incorrección de esa propuesta y el órgano de vigilancia y supervisión del sistema (Comisión de Auditoría) ha autorizado los criterios contables propuestos", dice el informe.
En este sentido, el BCE señala que el Manual de Políticas Contables de Popular, aprobado en Comisión de Auditoría en diciembre de 2014, incluía divergencias con la normativa contable, pero incide en que su modificación en diciembre de 2016 es la que provoca una discrepancia "especialmente clave" entre criterios contables internos del banco con la normativa vigente, ya que favorece una "importante revalorización" de los activos adjudicados sobre su valor de registro inicial y produce una liberación de coberturas que debía mantenerse.
Otras deficiencias
Otra de las deficiencias que revela la inspección del BCE es que la valoración de un "conjunto significativo" de activos inmobiliarios estaba sesgada "claramente al alza", lo que provocaba un déficit de coberturas de, al menos, 244 millones de euros.
Además, el BCE descubrió que el proceso para estimar la pérdida de valor de los adjudicados presentaba "notables deficiencias" que, entre otras cuestiones, ponían de manifiesto la "escasa involucración" del consejo de administración en los modelos internos y detectó el entramado con Thesan Capital y algunas sociedades de Luxemburgo para reflotar empresas morosas sin tener que anotarse pérdidas.
Los ajustes requeridos por el BCE hubieran llevado al banco a la insolvencia
Para destapar estas presuntas irregularidades, un equipo de inspectores se desplazó a las oficinas de Popular el 22 de diciembre de 2016 y permaneció allí hasta el 2 de junio de 2017, pocos días antes de la caída del banco. Es previsible que las conclusiones preliminares de la inspección, que se trasladaron de forma verbal al banco, llevaran a Emilio Saracho -que ya había asumido la presidencia- a arrojar la toalla y a solicitar al supervisor la resolución, ya que la entidad aún contaba con algo de liquidez para haber abierto sus ventanillas, como mínimo, un día más.
De hecho, según las actas de la última reunión del consejo de administración de Popular antes de su compra por Santander, Saracho advirtió al resto de consejeros de que tras esta inspección el banco necesitaba provisiones por importe de 2.250 millones para sanear su cartera de inmuebles, cifra que hubiese hecho insolvente a la entidad, ya que la ratio de capital CET1 hubiese descendido hasta el 3,77%, muy por debajo de los requisitos regulatorios.
Promotoras en quiebra
La inspección sobre los adjudicados, en cualquier caso, es posterior a una de crédito que concluyó un año antes y cuyo informe final también se encuentra en el sumario del 'caso Popular'. Entre otras cuestiones, esta investigación reveló que Popular tenía créditos morosos por importe de 2.380 millones de euros que estaban clasificados como buenos, lo que provocaba un déficit en la cobertura de los mismos de 1.824 millones.
En estas pesquisas, el BCE analizó una muestra de 100 acreditados y descubrió que Popular mantuvo a flote a promotoras inmobiliarias durante la crisis mediante la reestructuración "blanda y reiterada" de sus créditos y la aceptación puntual de daciones en pago como medida adicional a las reestructuraciones de su deuda. Esta práctica no es irregular, pero, como se encarga de recordar el BCE en su informe, el banco no podía seguir registrando la deuda de estas empresas como performing (buena), sin realizar las coberturas necesarias por su deterioro.
Esta dinámica de reestructuraciones "blandas" también se aplicó con la financiación que concedió Popular para construir hoteles en los últimos años del ciclo alcista que estaban promovidos por personas que no eran profesionales del sector –ya que posteriormente tenían la intención de ceder su explotación-. Las inversiones, además, presentaban un alto nivel de apalancamiento, según el informe del organismo con sede en Fráncfort.
El impacto total de la inspección de crédito, según contó el entonces consejero delegado, Pedro Larena, al resto de consejeros, ascendió finalmente de 1.514 millones de euros y fue una de las razones que provocaron que las pérdidas del ejercicio 2016 fueran muy superiores a las previstas en la ampliación de capital, lo que generó desconfianza entre los inversores, pues el grupo presentó números rojos de 3.485 millones, frente a los 2.000 millones anunciados meses antes.
Sea como fuere, los informes de las inspecciones del BCE que adelanta este medio, ponen de manifiesto que, al igual que la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), el supervisor comunitario pone en cuestión las cuentas de Banco Popular, algo que puede resultar clave para el devenir del procedimiento judicial que tiene lugar en la Audiencia Nacional y que investiga los hechos que provocaron la caída de la entidad en la noche del 6 al 7 de junio de 2017.
