El Tribunal Supremo se encuentra dividido estos días por los gastos hipotecarios. Si el pasado jueves la Sala III del Alto Tribunal dictaminaba que corresponde a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), un día después el presidente de esta Sala, Luis María Díez-Picazo, paralizaba esta decisión y convocaba un Pleno para revisar la doctrina "con carácter urgente".
Se trata de un acontecimiento sin precedentes en el Supremo, no sólo por la controversia existente entre los magistrados, sino por la confusión e "inseguridad jurídica" derramada en las entidades bancarias y sus clientes. Tras una larga reunión, este lunes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se reunía con los responsables de la decisión para tratar de esclarecer el tema.
La conclusión: la sentencia "es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados", según una nota difundida a los medios de comunicación.
Es decir, que de momento el Alto Tribunal mantiene la sentencia de la semana pasada, hasta que se decida lo contrario. Luis María Díez-Picazo sigue adelante con su convocatoria al Pleno de la Sala -compuesto por más de 30 magistrados- el próximo 5 de noviembre para revisar esta decisión y decidir si se modifica la doctrina.
Sin embargo, Díez-Picazo no cuenta con el apoyo de la mayoría de ese pleno, según publican este martes otros medios como El Confidencial o El Independiente. Magistrados de la Sala Tercera tienen previsto reprochar al presidente su "pésima gestión" y denunciar que esta cuestión no cumple los requisitos necesarios para ser avocada a Pleno. En este sentido, también se pone en cuestión la continuidad del magistrado como máximo responsable del órgano.
Ya este lunes la asociación Juezas y Jueces para la Democracia exigió la "inmediata dimisión" de Díez-Picazo por su "nefasta gestión" del asunto y por generar "alarma social" e "inseguridad jurídica", además de provocar "desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica".
Aseguran que "ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable".
