Los sectores más duros de la enseñanza católica, agrupados en torno a la Fundación ‘Educatio Servanda’, han recogidos en pocos días 75.000 firmas contra la proyectada reforma de la LOMCE que anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá. Otras organizaciones católicas, más moderadas, incluso la propia Conferencia Episcopal han expresado su “preocupación”, pero no se han lanzado a la movilización.
La ministra Isabel Celaá dijo en el Congreso la pasada semana que se propone modificar el artículo 109.2 de la LOMCE por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada ‘demanda social’, “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada”, añadía.
La ministra explicó que “la red pública tendrá preminencia y la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización”. Agregó que la mayoría de los centros concertados “tienen vocación y un extraordinario valor social”.
Isabel Celaá anunció que abrirá un diálogo con los centros concertados que practican la separación de niños y niños y “que contravienen los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación”.
Algunos de los colegios que han iniciado la recogida de firmas son propietarios de centros que separan a niños de niñas y temen que se acaben las subvenciones para este tipo de enseñanza.
Poder elegir libremente
El manifiesto, que han empezado a hacer correr por sus redes sociales, señala que “las familias queremos poder elegir libremente y en igualdad de oportunidades, la escuela que queramos para nuestros hijos, ya sea pública, concertada o privada”. “Además, -dicen- aquellos que tenemos fe, tenemos derecho a elegir una escuela que acompañe a nuestros hijos en la búsqueda de la verdad y les transmita el sentido cristiano de la vida”.
Afirman que quieren “poder elegir libremente y en igualdad de oportunidades, una escuela que defienda nuestro derecho como padres a decidir la formación moral y religiosa de nuestros hijos. No queremos una nueva ‘Educación para la Ciudadanía’ corregida y aumentada”.
Solicitan a los partidos políticos en general, y a la ministra en particular, que tengan en cuenta sus opiniones “a la hora de consensuar un nuevo pacto educativo o de reformar la legislación vigente”. Esta fundación ha logrado el apoyo de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumno (CONCAPA).
Los obispos no quieren guerra
Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, manifestó tras conocerse los objetivos del Gobierno su «profunda preocupación» por las palabras de la ministra de Educación sobre la escuela concertada y la clase de Religión. Sin embargo, no quieren ninguna guerra con el Gobierno y esperarán conocer las medidas.
Los obispos recordaron que la libertad religiosa y la educación “son derechos inalienables de la persona humana, reflejados en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido”.
Señalaron que los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos “que engloba la educación pública, concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres”.
Los obispos recordaron y reivindicaron “el papel de la Transición española que se plasmó en la Constitución de 1978, con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales” y desean que el espíritu de la Constitución “no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social”.
La Federación de Religiosos de la Enseñanza, agrupados en Escuelas Católicas, más cercana a la Conferencia Episcopal, expresó su “indignación y preocupación” tras conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación, Isabel Celaá.
“Sus palabras -señalaron- con respecto a la enseñanza concertada y a determinados temas incluidos en la propuesta de Pacto Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26% del sistema educativo español”.
Las Escuelas Católicas mostraron su sorpresa “cuando la propia ministra, hace pocas semanas, ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal y, ahora, defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división, preocupación y controversia en el ámbito educativo”.
