Las PNL’s (Proposiciones No de Ley) son como la calderilla del trabajo parlamentario: se aprueban por docenas, pero se saben inocuas. No obligan a los gobiernos y, como mucho, sirven para sacarles los colores en la prensa. Pero también quedan como recuerdo y posibilidad por si las tornas cambian y otro nuevo ejecutivo puede agarrarse a alguna de ellas para llevar a cabo su política. Es lo que ha pasado con una que se aprobó en la primavera del pasado año. Su contenido era amplio y ambicioso, incluyendo objetivos factibles y otros imposibles de no mediar una vuelta de tortilla y un nuevo espíritu político. Entre los primeros estaba sacar los restos del dictador de su privilegiado sepulcro en la basílica subterránea del Valle de los Caídos.
Ciertamente, la ocasión la pintan calva. El nuevo gobierno no está en disposición de afrontar legislaciones complejas, por falta de tiempo y por inseguridad en los apoyos. Recuérdese que ante esta PNL que nos ocupa el Partido Popular se abstuvo junto con Esquerra Republicana. De manera que la opción más a mano es recurrir a los golpes de efecto, que no necesitan consistentes matemáticas de apoyo para textos con aristas. La exhumación del cadáver de Franco es un buen ejemplo. Resulta indoloro para parte de la base social de la izquierda, anestesiada en su querencia por el olvido reparador a fuerza de contemplar imágenes de esqueletos rescatados de las cunetas de aquella guerra. A la vez, supone un notable estímulo para otra parte de la clientela –la lindante con Podemos- que vería cómo Sánchez cumple con su pulsión izquierdista. ¡Qué decir de los apoyos nacionalistas, siempre receptivos a un asunto que les coloca de un plumazo en el lado bueno de la historia! En cuanto a los de enfrente, el momento es más que propicio. La apelación de Rivera al cementerio de Arlington, donde reposan combatientes nordistas y sudistas de su guerra civil de Secesión, vuelve a colocar al naranja en los imposibles territorios de lo mejor, por definición enemigo de lo bueno. Y del Partido Popular entretenido en cosas más importantes –su sucesión; la de Rajoy- no se espera más que algún exabrupto que le remita otra vez a la caverna del pasado. La operación resultaría así perfecta.
De manera que podemos estar ante un hecho inminente; todo lo inminentes que son las cosas en política. No se necesitaría sino un Decreto Ley para permitir al gobierno intervenir sin verse obstaculizado por los administradores actuales de la Fundación que gestiona esos lugares. Cuestión de unos pocos meses. Salvo imprevistos, todo sería a sumar. Si se aprovecha el viaje para remitir a José Antonio de Rivera a una sepultura familiar privada, lejos de la preeminencia insólita y anacrónica que hoy disfruta cerca del dictador, la operación es perfecta. Y, además, adecuada. Porque si el asunto vuelve a encapsularse en el falso debate de la resurrección inútil y beligerante del pasado es que no hay voluntad o no se ha entendido nada. Al cabo de casi ochenta años del final de aquella guerra y de más de cuarenta del fallecimiento del general Franco no se entienden los remilgos para que un dictador, sostenido en su poder mediante una brutal administración del miedo, y el presunto ideólogo de su régimen (que no lo fue), sigan detentando una posición de reconocimiento memorial en un espacio público. Ahora que la derecha española procede a afrontar su renovación y cuando otra derecha emergente aspira a sorpassarla o, al menos, a quedarse con una parte de su caudal resultaría el momento propicio para proceder a una modernización de los reconocimientos. Un porcentaje elevado de los votantes del primero de los dos partidos se recluta entre quienes todavía saben quién era Franco e incluso mantienen una cierta adhesión con su tiempo, afectiva o sociológica, pero la renovación de la derecha local pasa porque, efectivamente, nuevos dirigentes manden esos restos al lugar donde resulten tan inofensivos como beneficiosos para la respetabilidad de este país, interior y exterior.
Bien harían azules y naranjas en ser más inteligentes en el gesto y no proporcionar con sus rechazos y reparos el escenario opositor que ahora necesita Sánchez para sacar adelante una fácil y rápida operación de prestigio
Otra cosa sería proporcionar argumentos fáciles a quienes se han pasado cuarenta años manejando el absurdo y la especie de que en España no han cambiado realmente las cosas. Ciertamente, si el partido todavía mayoritario en la derecha (y en el país) no corta amarras con un pasado que, por mucho que haya transcurrido el tiempo, resulta indecoroso e injusto, no estará en condiciones de proclamar ninguna renovación. Seguirá siendo una derecha a la que se podrá seguir acusando gratuita y falsamente de ser la heredera de la dictadura, a pesar de que durante estas últimas décadas haya sido depositaria de apoyos y sufragios de mucha gente que nada tuvo que ver con ella (o incluso que estuvo en contra de ella). Las comparaciones con otros dictadores europeos resultarían odiosas, pero la cerril negativa anima a rescatarlas para apoyar la posición en el debate. A la vez, la credibilidad de la tripleta verdad, justicia y reparación cuando se propone para las víctimas de nuestras violencias más recientes, las del terrorismo, se resiente de manera extraordinaria si no se aprecia similar caudal totalitario en los victimarios de los dos casos, de los del terrorismo y de los del franquismo. Ya no hay demasiadas diferencias en el trato que merecen esas dos situaciones: ni en lo que hace al tratamiento de las víctimas, ni de los victimarios, ni del pasado, ni de las políticas públicas de memoria.
De manera que bien harían azules y naranjas en ser más inteligentes en el gesto y no proporcionar con sus rechazos y reparos el escenario opositor que ahora necesita Sánchez para sacar adelante una fácil y rápida operación de prestigio. Si nadie respetable sale en defensa de la memoria de un dictador y de su insólito reconocimiento al cabo del tiempo, igual estamos colaborando así a la conciliación nacional por la vía de hacer prevalecer el valor de la democracia.
