El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sospecha que la "familia-organización" de los Pujol pudo haberse beneficiado de un pelotazo de 13 millones de euros por la compraventa de un vertedero en Girona que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo, y cuya licencia fue otorgada durante la legislatura del último Gobierno de Jordi Pujol Soley.
En el interrogatorio del pasado martes del asesor fiscal de los Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, el instructor preguntó sobre los trabajos que este profesional desarrolló para las empresas vinculadas al vertedero de Cruïlles (Girona), que fue clausurado en 2015 por la Generalitat catalana.
En concreto, De la Mata interpeló a Sánchez Carreté, que declaró durante más de cinco horas como testigo, sobre sus trabajos financieros en Dinamarca, pero también sobre la venta y posterior liquidación del negocio del vertedero. Fuentes presentes en la declaración aseguran que al final del proceso de compraventa del basurero aparece una de las sociedades propiedad de Jordi Pujol Ferrusola.
Sánchez Carreté también habría participado, siempre según las fuentes del interrogatorio mencionadas, en la creación de una SICAV propiedad de los socios de Pujol Ferrusola.
Dos socios de Pujol
En el interrogatorio, el instructor centró su atención en la compleja estructura societaria del vertedero, que fue adelantada por el diario El País. En concreto, los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, socios del propio Jordi Pujol Ferrusola en otro vertedero, por el que el primogénito de los Pujol habría ganado 5,3 millones más, fundaron la firma Recuperació de Pedreres SL.
Las cuentas de FCC de 2004, la empresa que compró esta infraestructura, incluyen la propiedad del 80% de la mencionada Recuperació de Pedreres SL a la que la constructora otorgaba en ese ejercicio un valor de 13,1 millones de euros.
40 millones de euros
Según La Vanguardia, la empresa, ahora controlada de forma mayoritaria por FCC, ha reclamado a la Generalitat de Cataluña una indemnización de más de 40 millones de euros por la clausura del vertedero, al considerar que la autorización otorgada en 2003, en la última legislatura de Jordi Pujol Soley, fue fraudulenta.
De forma paralela a la creación de la firma Recuperació de Pedreres SL, los socios de los Pujol fundaron en Países Bajos la sociedad Aprilsnow Holding BV, que tras la salida en 2003 de la primera concesionaria, la firma alemana RWE Entsorgung, acaba con el 100% de la propiedad del basurero.
Según el diario El País, la instalación entra en servicio en septiembre de 2000, y dos meses más tarde irrumpe en el negocio un nuevo inversor a través de la sociedad Nordic AsP, creada en Dinamarca, y que a su vez pertenecía a Rakestone Limited, de isla de Man.
El 22 de agosto de 2005, Rakestone Limited liquida Nordic AsP con la participación del asesor de los Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, según su declaración. Nordic AsP disponía en su tesorería de 6 millones de euros.
El magistrado reclamó a Andorra que indique si las facturas intervenidas al asesor fiscal de los Pujol "son copias de facturas auténticas"
Además, el juez José de la Mata reclamó a las autoridades judiciales de Andorra información sobre las cuentas bancarias de los Pujol en Andbank. En concreto, el magistrado reclamó a Andorra que aclare si las facturas contenidas en la memoria electrónica intervenida al asesor fiscal Joan Antón Sánchez Carreté "son copias de facturas auténticas" de AndBank.
De la Mata también requirió a Andbank que certifique si las facturas del pendrive a nombre de miembros de la familia Pujol Ferrusola son "información bancaria real" emitida por esa misma entidad.
Ocultó 30 millones
El juez José de la Mata acordó el pasado el pasado 25 de abril el ingreso en prisión del primogénito de los Pujol después de que la Fiscalía Anticorrupción confirmara que Jordi Pujol Ferrusola había seguido ocultando su patrimonio desde 2012.
Anticorrupción también aludió a los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en los que se asegura que desde que se le investiga Jordi Pujol Ferrusola ha ocultado 30 millones a la Hacienda Pública.
Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el recurso de libertad presentado por la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, y le impuso una fianza de tres millones de euros.
