La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que envíe al banquillo de los acusados a cinco investigados por timar a más de doscientas personas a través de un sistema de estafa piramidal cometido en torno a la sociedad Alzicapital S.L. Se trata de los investigados Alberto Castillo Martínez, su padre Rafael Castillo, Juan Ramón Guillamón, Pedro Juan Bustos y Antonio Gómez Montalva.
En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio Publico explica que Alberto Castillo –que se enfrenta a un delito de estafa y blanqueo de capitales- era el administrador único de las sociedades Alzicapital SL, Alziapuestas SL, Alzira Gestores de Capital SL y Green Future Energy Capital SL; todas ellas mercantiles dedicadas a la captación de clientes y a la inversión de su fondos en diversos conductos financieros. Para conseguir dicho objetivo las citadas empresas contaban con una amplia red de comerciales en distintas localidades de España cuyo cometido era "la captación de dichos clientes y sus fondos".
Los estafados invirtieron en Alzicapital pequeñas cuantías de dinero que van desde los 1.000, 2.000 y 3.000 euros hasta los 180.000
De hecho, en su página de web Alzicapital se anunciaba como una sociedad especializada en inversiones en diferentes mercados, en la gestión de apuestas on line, con especialización sobre todo en productos financieros, garantizando una remuneración del 5%, mínima inversión a partir de 1.000 euros y posibilidad de retirarla en cualquier momento, llegando incluso en los contratos a ofrecer remuneraciones de hasta el 30% de la cantidad invertida. "Dichos intereses superaban ampliamente los ofrecidos por las entidades financieras, haciéndolos muy atractivos para el inversor", recalca el fiscal de la Audiencia Nacional.
Lo cierto es que "con este señuelo, desde el año 2009, aproximadamente, hasta junio de 2011, el acusado logró despertar la confianza de 211 personas que fueron estafadas". Algunos "invirtieron" cuantías modestas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros mientras otros llegaron a dar a Alzicapital más de 180.000 euros.
Una estafa de 3,4 millones de euros
El dato que los estafados desconocían era que la mercantil Alzicapital "no estaba autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a prestar servicio de este tipo en España".
En realidad, la mecánica operativa era la siguiente: los contratos de inversión se formalizaban mediante contratos de préstamo con la empresa Alzicapital, pero los fondos eran desviados de inmediato a la empresa Alzibet, constituida el 15 de mayo de 2007 en San José de Costa Rica, siendo su único accionista y administrador Alberto Castillo Martínez. Una vez el dinero estaba en Azlibet, éste se utilizaba no para invertir, sino para realizar apuestas a favor del acusado o, directamente, para engrosar su patrimonio oculto. Cuando el trasiego y volumen de operaciones entre las distintas sociedades levantaban la sospecha de la entidad bancaria, que requería explicaciones, y entonces el acusado cancelaba la cuenta y abría otra en una nueva entidad.
Los acusados estafaron 3,4 millones de euros a más de 200 personas entre los años 2009 y 2011
De forma simultánea, Carrillo, lejos de realizar inversiones, transfería el dinero a cuentas on line de casas de apuestas o bien a cuentas de personas de su confianza, haciendo suyas las cantidades recibidas. Mientras tanto, pagaba intereses a los inversores más antiguos a fin de que no sospecharan, lo que le obligaba constantemente a buscar nuevos inversores que sirvieran para el abono de lo debido a aquellos. Así logró estafar 3.454.306 euros a más de doscientas personas.
Durante la investigación llevaba a cabo en la Audiencia, la Policía detectó, por ejemplo, que el acusado realizó 150 transferencias a una cuenta de su padre, Rafael Castillo, por un importe total de 455.003 euros, a fin de ocultar parte del dinero recibido por los inversores. Una vez que ese dinero era depositado en las cuentas de su padre, éste era devuelto a las cuentas de otra de las empresas de Alberto Carrilo, Alcira Gestores de Capital.
El resto de los acusados formaban parte de la red delictiva diseñada por el presunto cabecilla de la trama y dispusieron de los fondos depositados en las cuentas de Alzicapital. En concreto, el Ministerio Público atribuye Alberto Castillo Martínez un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, a su padre Rafael Castillo blanqueo de dinero, y a sus colaboradores Juan Ramón Guillamón, Pedro Juan Bustos y Antonio Gómez Montalva un delito de apropiación indebida.
