La decisión definitiva para iniciar el sondeo de hidrocarburos en el mar Mediterráneo va para largo. El Gobierno de Baleares que dirige José Ramón Bauzá (PP) no sólo se ha posicionado en contra de las prospecciones petrolíferas en los últimos meses, sino que sus gestiones ante el Ministerio de Industria para frenar el proyecto se hallan muy cerca de fructificar. Según ha podido saber Vozpópuli, la presión de Bauzá está consiguiendo desvirtuar la hoja de ruta que maneja el departamento de José Manuel Soria hasta el punto de contemplarse la posibilidad de enterrar esta polémica actuación hasta el próximo año, con un clima de menos contestación social.
Dos principales argumentos, más en clave político-económica, pero no menos importantes que los daños medioambientales ya esgrimidos, son los que el equipo del presidente balear ha puesto sobre la mesa del ministro Soria. Uno es el turismo, motor de la recuperación económica en las islas, que se vería seriamente resentido. Esta circunstancia ha sido recalcada tanto por destacados empresarios hoteleros de la región como por el propio Gobierno balear, que se ha encargado de trasladar a Industria su visión mediante un informe elaborado por la Consejería de Turismo.
En el citado documento, el Ejecutivo regional subraya que las prospecciones en busca de bolsas de agua y petróleo "son incompatibles con la industria del turismo hacia el modelo sostenible", dado que elementos contaminantes derivados de dichas exploraciones pueden terminar solidificados en las arenas de las playas o dañando la calidad de las aguas marinas. "Ambos efectos supondrían impactos muy graves sobre los sistemas litorales y playas, en los que está fundamentada la principal fuente económica de Baleares", enfatiza el informe.
En segundo lugar, el Gobierno balear ha advertido al Ministerio de Industria (ambas instituciones sostenidas por el PP) del peligro electoral del proyecto. Si se siguen los pasos previstos, esta actuación acarrearía serios problemas al gabinete de Bauzá para revalidar su mandato en las elecciones autonómicas de 2015. Los populares baleares son conscientes del costoso trabajo que les supuso desbancar a los socialistas de Francesc Antich en 2011 y no piensan asumir riesgos innecesarios.
El PP balear recalca su "oposición frontal" al plan mientras que el Ejecutivo mantiene la correspondiente imparcialidad por los diferentes intereses en liza
La oposición a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo ha unido en un frente común a la sociedad civil, empresarial y política de las islas y ha llevado la movilización a la calles. Más de 15.000 personas protestaron el pasado 22 de febrero en Baleares contra el proyecto que autorizó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que mantiene en agenda el Ejecutivo actual.
Desde el Ministerio de Industria, la postura oficial pasa por una llamada a la calma, ya que aún hay que conocer el informe de impacto que debe aportar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El departamento de Miguel Arias Cañete, candidato del PP a los comicios europeos del 25 de mayo, también tiene pendiente tal Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un plan similar en Canarias, en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote. Del resultado del mismo, depende básicamente la viabilidad de los sondeos.
Desde Izquierda Unida y grupos ecologistas reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy paralizar ya las actuaciones. Sin embargo, el Ejecutivo central se niega a ello porque supondría indemnizar a la empresa concesionaria, Capricorn Spain Limited, filial de la petrolera escocesa Cairn Energy, con una cifra que rondaría los 89 millones de euros, según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Vozpópuli.
Ningún coste para las arcas públicas
Para el PP balear, según sostiene el diputado Miquel Ramis, lo "más sensato y responsable" sería aguardar al informe, ya que, de resultar negativo, "anularía automáticamente la autorización de exploración" otorgada por el Gobierno de Zapatero y permitiría paralizar el plan "sin pagar indemnizaciones", sin recurrir al dinero público. Los populares baleares han manifestado abiertamente su "oposición frontal" a las prospecciones petrolíferas, algo que no se ha podido permitir el Gobierno por la correspondiente imparcialidad ante los diferentes intereses en liza.
En concreto, Capricorn Spain Limited ostenta los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Alta Mar 1’ y ‘Alta Mar 2’, frente a las costas de Ibiza y Formentera, y de las cuadrículas de Benifayó, Albufera y Gandía, estas últimas cedidas por la sociedad Medoil. Suponen, en total, cinco áreas de 793,8 kilómetros cuadrados cada una, que suman 396.900 hectáreas y por las que la concesionaria paga 27.783 euros al año.
