La presión de petroleras y gasolineros, víctimas del fraude de los carburantes, ha surtido efecto. El Gobierno desplegará una baterías de medidas fiscales para poner coto a las mafias. El objetivo es frenar una doble modalidad de estafa, consistente en eludir el pago del IVA y vender falsos biocombustibles.
Gracias a esa operativa, los defraudadores han logrado embolsarse cerca de 2.000 millones de euros, según las estimaciones del sector petrolero. La actividad delictiva golpea de lleno a las arcas públicas, pero también al negocio de las compañías, desde las grandes multinacionales como Repsol, Moeve (antigua Cepsa) o BP, a las pymes propietarias de estaciones de servicio.
Las medidas de choque están recogidas en varias enmiendas registradas este miércoles en el Congreso de los Diputados. Acompañan al Proyecto de Ley mediante el que se transpone una directiva comunitaria sobre la imposición mínima a las multinacionales. En concreto, esas medidas están descritas en tres enmiendas presentadas por el PSOE (95, 96 y 97) y otras dos planteadas por el PNV (31 y 32). Los planteamientos son coincidentes, por lo que podrían tramitarse como enmienda transaccional.
"La propuesta tiene por objeto atajar el fraude que afecta el mercado de gasóleos, gasolinas y biocarburantes", señala la enmienda número 95, firmada por el Grupo Parlamentario Socialista. En la Justificación, recuerda cómo operan las mafias, "revendiendo los hidrocarburos a un distribuidor o estación de servicio, con repercusión del IVA que luego no ingresan, desapareciendo antes de que la Agencia Tributaria pueda detectar el fraude". "Esta situación facilita que vendan esos productos por debajo del precio de mercado, suponiendo una pérdida de ingresos para la Hacienda Pública (...), lo cual afecta a la competencia del sector perjudicando a los operadores que cumplen con sus obligaciones tributarias".
Las enmiendas aclaran cómo actuará la Agencia Tributaria. Una de las acciones más importantes tiene que ver con el momento del pago del IVA por parte de las sociedades que comercializan carburantes. "El último depositante del producto que se extraiga, o el titular del depósito fiscal en caso de que sea el propietario del producto, estará obligado a garantizar el ingreso del IVA correspondiente a la posterior entrega sujeta", precisa la enmienda número 96. Con ello, Hacienda persigue, básicamente, cortar de raíz los entramados societarios que suelen montar los defraudadores. Con ese 'modus operandi', logran que alguna sociedad acabe embolsándose el impuesto y desapareciendo por el camino.
El pago inmediato del IVA, cuando el producto abandona el depósito fiscal, es una de las medidas que venían reclamando petroleras y gasolineros, tras comprobar que fue aplicada en Italia y surtió efecto. De hecho, las empresas alertan de que esa medida provocó el traslado de algunas mafias organizadas desde el país transalpino a España.
Avales y garantías
Otra de las acciones para combatir el 'intrusismo' delictivo en el sector es la imposición de garantías financieras a quienes realizan transacciones comerciales con el combustible. "El último depositante", señala la misma enmienda, "estará obligado a constituir y mantener una garantía que garantice el ingreso del IVA".
Estarán exentos de esta obligación las compañías que cumplan determinados requisitos. Por ejemplo "tener reconocida la condición de operador confiable". Esta etiqueta se asigna a las empresas que estén inscritas en el registro de extractores o que tengan un volumen de extracciones superior al millón de litros de carburantes en el año anterior. En esa categoría están incluidos los operadores que se dedican realmente a la actividad petrolífera; y quedan fuera, obviamente, las sociedades 'fantasma' que aparecen y desaparecen según las necesidades de los defraudadores.
Hacienda también exigirá una garantía sólida para espantar a posibles delincuentes. Los operadores tendrán que contar con el aval de una entidad de crédito o una compañía de seguros acreditada en la UE, "que garantice de forma global el ingreso del IVA". El importe mínimo de la garantía será del 110% de la cuota del impuesto correspondiente a las operaciones desarrolladas. Además, el importe de esa garantía será actualizado mensualmente. "Una vez comprobada la suficiencia de garantía o suficiencia del pago por la Administración tributaria competente, ésta autorizará la salida del producto del depósito fiscal", concluye la enmienda.
En sus enmiendas, el PNV plantea también que no se considere acreditado el pago del IVA "cuando la Administración Tributaria acredite que el impuesto correspondiente no ha sido ingresado en la Hacienda Pública". La formación vasca también propone estrechar el control sobre la composición del combustible, para comprobar "los componentes admitidos en las especificaciones técnicas"; y asegurar que todos los operadores del sector figuran en el listado oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
