Miércoles por la mañana. Javier, un inquilino afincado desde hace varios años la calle Marcelino Roa Vázquez, ubicada en el madrileño barrio de la Elipa, abre el buzón de su casa para comprobar si tiene alguna novedad que requiera de su atención.
Para su sorpresa, hay depositadas dos cartas idénticas, una a su nombre y otra, al de su esposa. Ambas tienen el membrete del Ayuntamiento de Madrid presidiendo el texto. Los ojos amenazan con salirse de sus órbitas cuando lee, después de unas líneas introductorias, que el Ayuntamiento "ha tenido conocimiento de que usted figura indebidamente inscrito en el domicilio donde consta empadronado".
A tenor del artículo 54 del Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente". Por tanto, y tras detectarse esta irregularidad en la vivienda de Javier, el Consistorio municipal ha iniciado los trámites para dar de baja el padrón de ambos, citándolo a acudir a una audiencia con la entidad pertinente para que acredite que, efectivamente, viven allí.
Al principio, Javier pensó que podría tratarse "de una estafa", pues la oleada de timos es tan extensa que llega a todos los rincones de nuestra vida. Otra de las teorías era que pudiera existir algún dato erróneo en sus documentos. Pero, de ser así, la Administración debería haberse dado cuenta con anterioridad.
Como el día que leyó la misiva no tenía tiempo para poder acudir a la oficina del Padrón Municipal, puso rumbo a la mañana siguiente. Entre miradas cómplices y una elevada carga de surrealismo, los funcionarios que le atendieron pudieron confirmarle que era el último de varios vecinos de su bloque que había acudido allí para solicitar la explicación pertinente.
Una incidencia, resaltan desde la oficina, que solo ha ocurrido en su portal, sin salpicar al resto de edificios colindantes. Esta circunstancia, que resulta del todo kafkiana, pues ambos llevan varios años residiendo en el número 51 de la calle Marcelino Roa Vázquez, se debe a que su edificio al completo ha sufrido un empadronamiento okupa.
"Hemos detectado que en todas las viviendas se ha empadronado un grupo de extranjeros. Por ello, hemos mandado alerta a los vecinos", relata Javier. Además, resulta que, salvo un par de viviendas alquiladas, entre la que figura la de Javier y su esposa, el resto de vecinos son personas mayores alejadas de todo atisbo de burocracia.
Estas personas se empadronan, o mejor dicho, okupan el empadronamiento, para obtener distintos beneficios sociales de la Administración. Para subsanar este dramático malentendido, Javier rellenó un formulario repitiendo los datos personales de él y su mujer, así como el contrato de alquiler y varias facturas de la luz.
Con ello fue suficiente, teniendo que esperar unas semanas hasta que la policía verifique in situ los habitantes de casa hogar. Sin embargo, en su caso hay varios elementos más en juego que han convertido una posible anécdota en un problema real. Javier, como otros miles de jóvenes, disfruta de las ayudas al alquiler que la Comunidad de Madrid reparte para hacer más llevadero el salto a la vida adulta.
Al llevar meses en esta situación, la Administración regional, que es quien gestiona las subvenciones, entendió que Javier ya no residía en la Comunidad de Madrid, y decidió cancelar la ayuda que le había concedido. Al llegarle en diferentes veces la cuantía aprobada, nuestro protagonista ha dejado de recibir 2.000 euros. Tampoco puede renovar su DNI hasta que solucione todo esto.
Una cantidad que le ha complicado sobremanera su porvenir más inmediato. Por ello, Javier hace un llamamiento a comprobar, especialmente las personas alquiladas, que tienen todos los datos del padrón en orden, evitando caer en casos como el suyo que puedan enturbiar la economía doméstica de forma tan grave.
