No conozco una mujer en puestos de responsabilidad que no se manifieste indignada con la utilización como arma política que de ellas está haciendo este Gobierno. Y las hay a miles, en todas las áreas de actividad, desde la empresa, donde desde hace tiempo ocupan puestos de alta dirección, hasta las profesiones liberales, pasando por la judicatura, la medicina –oficios donde la mujer es mayoría-, las artes, etc., etc. Cualquier mujer brillante se considera justamente humillada cuando se siente tratada por este Gobierno como un ser inferior al que hay que ayudar con dádivas legislativas porque no es capaz de alcanzar por sí misma las posiciones tradicionalmente ocupadas por hombres. La ultima bofetada que a las mujeres libres e independientes de este país ha propinado el señor Sánchez ha sido la conocida como Ley de Paridad, que establece listas “cremallera” en la composición del Consejo de Ministros, consejos de administración de las grandes empresas, juntas de gobierno de los colegios profesionales y jurados encargados de conceder premios. Una ley que, como casi todas las aprobadas por este Ejecutivo, viene impregnada de un tufo ideológico que apesta. En efecto, La Ley de Paridad es el último conejo salido de la chistera de un demagogo necesitado de un golpe de efecto para levantar los ánimos del feminismo radical ante el 8-M, día de la mujer trabajadora.
Estamos ante una nueva agresión a la libertad de empresa, otra inaceptable injerencia en la libertad del empresario para decidir los nombramientos en los puestos de dirección en función de criterios de experiencia, capacidad y mérito. Conviene aclarar que Sánchez y sus socios de Podemos no han descubierto ningún Mediterráneo. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido uno de los fenómenos más extraordinarios que ha conocido España en las últimas décadas. En efecto, el número de mujeres que trabajan ha pasado de los 4 millones que lo hacían a primeros de los noventa a los casi 9,5 millones (exactamente 9.486.200, cuarto trimestre de 2022) que lo hacen hoy, mientras que la tasa de actividad femenina, que se situaba en el 25% en 1993, ha pasado nada menos que al 53,8% en la actualidad, también más que doblando. Y ese fenómeno se ha producido sin necesidad de que ningún demagogo de izquierda viniera a rescatar a la mujer de sus miserias o, espada flamígera en mano, a imponer por la fuerza coercitiva de la ley ningún tipo de paridad a los malvados empresarios. Son cosas que en las democracias liberales, en las sociedades abiertas, ocurren como una consecuencia natural de la igualdad de oportunidades ante la ley y por los exclusivos méritos de las mujeres.
Ya hubo en 2006, Gobierno de Rodríguez Zapatero, un intento de aprobar una llamada Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que pretendía obligar a las empresas más significativas (aquellas que presentan cuentas no abreviadas) a incluir las famosas cuotas femeninas. Aquello fracasó como fracasaron intentos similares en Francia, a los que se acusó de ser contrarios al principio de igualdad consagrado en su Constitución y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Las razones esgrimidas contra aquella norma en 2006 siguen siendo de plena actualidad casi 20 años después. La experiencia ha demostrado que toda política de cuotas acaba perjudicando al grupo o sector que se desea favorecer. La empresa que se vea obligada a colocar a un cierto número de mujeres en sus órganos de dirección tenderá, en la mayor parte de los casos, a elegir a aquellas que sean más manejables, menos críticas, más baratas e incluso que pertenezcan al entorno familiar o amical del empresario en cuestión. Asistiremos así a la “consejera de cuota” por razón de sexo, un criterio reñido con la responsabilidad que hoy se exige a cualquier consejero a la hora de avalar con su firma las cuentas de una sociedad, y sobre todo al principio ya apuntado de capacidad y mérito.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, todo el mundo tenderá a pensar que cualquier nombramiento femenino en una empresa responde a la obligación de cumplir con la obligada cuota, y poco o nada con la valía de la nombrada"
A partir de la entrada en vigor de esta ley, todo el mundo tenderá a pensar que cualquier nombramiento femenino en una empresa responde a la obligación de cumplir con la obligada cuota, y poco o nada con la valía de la nombrada. Digámoslo de una vez: esta Ley de Paridad es una desgracia para cualquier mujer talentosa, un atentado contra las mujeres brillantes, cada día más numerosas como demuestran sus expedientes académicos, que correrán el peligro de verse desplazadas por las mejor conectadas o con más “agarraderas”. Todas, de alguna manera, vendrán obligadas a demostrar que ocupan puestos importantes por méritos propios y no por el favor de una Ley absurda y retrógrada, que considera a la mujer incapaz de lograr sus objetivos por sí misma. “Creo sinceramente que a las muchas, muchísimas y meritorias mujeres que han peleado duramente por abrirse un hueco en la competencia empresarial, no se les puede hacer eso”, escribió José María Cuevas en 2006 al criticar el anteproyecto de ley de Zapatero. Con “eso” se refería a la obligación de llevar en el bolsillo “una especie de certificado de antigüedad” que acredite que ellas obtuvieron sus altos cargos antes de que la ley lo impusiera.
El entonces presidente de CEOE reclamaba también un voto de confianza para ese empresariado español en activo que en unas décadas “ha hecho avanzar la integración femenina en el mundo laboral más que en veinte siglos”. Desconfianza, cuando no desprecio, es lo que siente Sánchez por el colectivo empresarial. De modo que tú, Juan Español, crea una empresa, arriesga tu dinero o endéudate y corre todo tipo de riesgos para que luego Antonio, que no ha trabajado nunca fuera de la política, que no sabe nada del funcionamiento de una empresa, excepto, quizá, de la de su suegro, aquella que entendía de saunas gay, te diga cómo y a quién tienes que contratar. Ayer mismo, sábado, en un mitin del PSOE en Huelva, el piernas exigió a la patronal “sentarse con los sindicatos para repartir los beneficios de las grandes empresas”. Literal. Cada vez más cerca del ¡exprópiese! de Chávez. Cada día más siniestro. Pero, ¿quién es Sánchez, quién es Bruselas (que para el caso es lo mismo), para disponer el número de hombres o de mujeres que debe haber en la dirección de las empresas? ¿Quién les ha dado vela en ese entierro? ¿Con qué derecho se entrometen? Un nuevo caso de basura legislativa populista que, además, vulnera el derecho fundamental a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones, con independencia de raza, sexo o cualquier otra circunstancia.
No nos engañemos. Estamos, por un lado, ante otra más de las manifestaciones de rechazo que un Gobierno de izquierda populista siente por el empresariado, colectivo al que considera digno de toda sospecha y, por otro, ante la evidencia de un Ejecutivo que no aspira a liberar a las mujeres, si es que a estas alturas no lo estuvieran, sino a convertirlas en perpetuo rehén de sus ansias de poder. La mujer como arma política susceptible de ser utilizada contra los enemigos, que no adversarios. Con la Ley de Violencia de Genero, antes; con la Ley de Paridad, ahora. Alguien lo explicaba estos días en un vídeo muy celebrado en redes sociales a propósito de la violencia contra las mujeres: “Tras años y años y miles de millones invertidos, el número de asesinatos no desciende, porque han convertido un drama en un negocio. Un negocio político. ¿Quién se beneficia de él? Los de siempre. Cada vez más puestos, más cargos, ministerios, secretarias de Estado, direcciones generales, fundaciones… No se puede convertir un drama en un negocio, y no se puede mentir a la gente diciendo que no pararemos “hasta” acabar con esta lacra, porque es mentira. Ese “hasta” solo significa una cosa: seguir drenando dinero de los PGE porque “todavía queda mucho por hacer”. De modo que se trata de sostener problemas para mantener gigantescas asignaciones presupuestarias de las que seguir viviendo. Miles de personas viven en la UE con sueldos de entre 3000 y 5000 euros de este negocio, que naturalmente quieren perpetuar”.
La ciudadanía asiste, entre abrumada y perpleja, a la formación de un enorme basurero legislativo que, en lugar de solucionar problemas, los esconde, cuando no los engorda con decisiones mendaces destinadas a engañar al personal"
La ciudadanía asiste, entre abrumada y perpleja, a la formación de un enorme basurero legislativo que, en lugar de solucionar problemas, los esconde, cuando no los engorda con decisiones mendaces destinadas a engañar al personal. Acaba de ocurrir con la reforma de las pensiones que el viernes este Gobierno roto presentó como un gran éxito, necesitado como está de dar imagen de cierta unidad. El ministro Escrivá, un caso de libro de deshonestidad intelectual, afirmaba el viernes "haber asegurado el futuro de las pensiones" sin ningún tipo de recorte o sacrificio para nadie, ¡milagro!, la cuadratura del círculo. Pronto supimos la verdad: que llama reforma (de las pensiones) a lo que simple y llanamente es una subida de impuestos (al trabajo). A base de robar directamente a empresas y a cotizantes. “Ensanchar los ingresos”, lo ha definido la analfabeta de Yolanda Díaz, vicepresidente de Sánchez por la gracia de Iglesias. La CEOE no se ha andado con paños calientes a la hora de enjuiciar este nuevo atraco al futuro de las pensiones: “El sostenimiento del sistema se hace recaer en las empresas y en los trabajadores mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. Pero, ¿a quién le preocupa realmente el empleo en este país? A Bruselas no, desde luego. A Sánchez, tampoco. Lo único que preocupa a Antonio es seguir comprando votos con dinero público, seguir utilizando a mujeres y pensionistas como rehenes dispuestos a seguir apoyándole en las urnas.
Un cúmulo de leyes basura, leyes ideológicas como la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), conocida como Ley de Universidades, aprobada también este jueves en el Congreso, que no arregla ninguno de los problemas crónicos de la Universidad, tal que la endogamia, pero definitivamente ideologiza una institución cuya neutralidad debería ser norma. El Supremo estableció en su día que las universidades "están sujetas al principio de neutralidad predicable de toda Administración pública", doctrina que la Losu se pasa por la entrepierna al fijar como una de las “funciones fundamentales” del claustro la de “analizar y debatir temáticas de especial trascendencia”, es decir, hacer política en favor de esa izquierda radical que controla los centros. Normal, si tenemos en cuenta que ha sido ERC quien en realidad ha pergeñado la norma. Sánchez y sus socios. Sánchez y su banda. En manos de la peor gente, en el peor momento posible. Feijóo debería estar pensando ya en una “ley ómnibus” para derogar al día siguiente de la toma de posesión del nuevo Gobierno el estercolero legislativo acumulado por este Gobierno infame.
