A siete semanas de que acabe el actual periodo de sesiones, el calendario de la Comisión Bárcenas, constituida este jueves en el Congreso de los Diputados, está en el aire. Fuentes parlamentarias de la oposición en esta comisión, creada para investigar la presunta financiación irregular del PP, todavía no saben si continuará operativa en julio y agosto.
En conversación con este diario, tales fuentes aseguran que aún no han sido sondeadas para que los trabajos y las comparecencias sigan en estos meses, pese a ser considerados inhábiles por la Constitución (artículo 73). Y es que, tal y como certifican las mismas fuentes, el Reglamento del Congreso sólo interpreta como inhábil la celebración de Plenos ordinarios, por lo que permite la convocatoria de Plenos extraordinarios o de comisiones durante el parón veraniego.
En el año 2015, antes del turbulento periodo electoral entre el 20-D y el 26-J, el Congreso accedió a una petición del Gobierno y habilitó el mes de julio para poder aprobar actuaciones como la reforma de la Ley General Tributaria o la norma para publicar el listado de morosos y defraudadores de la Hacienda pública. De esta manera, también se buscó contrarrestar esa imagen de que los parlamentarias gozan de unas vacaciones demasiado extensas. No obstante, en estos casos, la última palabra sobre el calendario la tiene la Mesa de la Cámara baja, donde Ciudadanos es el árbitro en los casos en que PP y PSOE no se ponen de acuerdo.
La última palabra sobre el calendario la tiene la Mesa de la Cámara baja, donde Ciudadanos es el árbitro cuando PP y PSOE chocan
En la primera reunión de la Comisión Bárcenas el pasado jueves, los parlamentarios tampoco recibieron indicación alguna sobre la posibilidad de celebrar sesiones en julio y agosto, apuntan fuentes presentes en esta primera toma de contacto, mantenida a puerta cerrada tras la constitución de la Mesa. El presidente de la misma, el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ni siquiera estuvo presente al encontrarse fuera de Madrid, ya que no estaba previsto que fuera elegido él, sino el número dos del PDCat en el Congreso, Xordi Xuclá. La negativa de PSOE y Ciudadanos a dejar la Comisión Bárcenas en manos de la antigua Convergència, afectada por los casos del 3% y de la familia Pujol, derivó en una negociación apresurada y rocambolesca.
Salvado el primer escollo, los socialistas ya han avanzado que la semana próxima pedirán a la Mesa de esta comisión que la primera comparecencia sea la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "a la mayor brevedad posible" en base a los escándalos que están salpicando al PP. El PSOE optó por interrogar aquí al líder popular antes que hacerlo en un Pleno monográfico "sobre la corrupción del PP", como propuso Podemos, por dos motivos fundamentales: el formato de la comisión de investigación es más directo y los comparecientes están obligados legalmente a decir la verdad.
"Desactivada"
Esta urgencia por que Rajoy acuda a dicha comisión no está siendo secundada por Podemos y Ciudadanos. El partido de Pablo Iglesias no tendría inconveniente en votar a favor, pero teme que la fecha definitiva sea fruto de otro pacto interesado de populares y socialistas. De otro lado, en la formación de Ciudadanos son más fuertes las voces que prefieren que el jefe del Ejecutivo comparezca al final de los seis meses de comisión. Así se evitaría, según fuente parlamentarias de C's, que la comisión quedara "desactivada" a las primeras de cambio.
En ella rige el voto ponderado (en base al número de escaños en el hemiciclo y no de diputados en la comisión) para decidir las comparecencias, por lo que si la oposición no está totalmente unida, el PP podrá controlar cuándo comparece Rajoy. La intención de los populares es que lo haga en junio para evitar ser acusados de cualquier obstaculización y siempre una vez que se apruebe el dictamen de los Presupuestos. Pero nada está cerrado. Si el líder del PP no va a la comisión en junio, y los meses de julio y agosto se mantienen inhábiles, ya tendría que hacerlo a partir de septiembre.
En plena tramitación de los PGE para 2017, la agenda parlamentaria no tiene demasiado huecos en las siete semanas que restan al periodo de sesiones. Además, Podemos prevé registrar una moción de censura contra Rajoy -requiere Pleno extraordinario- antes de que acabe mayo, previsiblemente la semana que viene, lo que aprieta aún más el calendario, en tanto podría debatirse también en junio.
