El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes sendas proposiciones de ley del PSOE y del PNV que pretenden sustituir la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'. Esta norma, impulsada en 2015 por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, está recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional.
Ambas iniciativas se debatirán conjuntamente en la sesión plenaria de este martes, si bien todo apunta a que la que se llevará el favor de la Cámara será la del PNV puesto que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como Ciudadanos ven con mejores ojos la propuesta de los nacionalistas vascos.
Con su propuesta, el PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a quienes se manifiestan delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ley Corcuera
También buscan eliminar la posibilidad de que a los periodistas se les requise ese material gráfico; imposibilitar los registros personales en lugares públicos, "dejando prácticamente desnudas a personas en la vía pública", y acabar con la consideración como infracción grave la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad.
Mientras se tramita la nueva ley, y "para que no haya un vacío legal", los socialistas proponen volver "temporalmente" a la anterior ley de seguridad ciudadana, que aprobaron los socialistas en 1992, conocida como 'Ley Corcuera', y que estuvo en vigor hasta 2011.
Sin embargo, otros grupos de la oposición, como Ciudadanos, aseguran que no creen que volver a una norma "antigua" como la 'Ley Corcuera' sea "lo más apropiado" para "corregir" la Ley de Seguridad Ciudadana, que, a su juicio, es "muy mejorable".
Medidas del PNV
Por su parte, el PNV propone en su texto alternativo cambios sustanciales en 44 preceptos de la conocida como 'Ley Mordaza' con el objetivo de que ésta sea "más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas".
Entre otros aspectos, plantea que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado perturbando la seguridad pública.
Además, los nacionalistas vascos abogan por establecer un "procedimiento legal y efectivo" de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
También plantean que no se necesaria comunicación previa alguna de las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora, "siempre que no perturben la seguridad ciudadana".
