Los bancos tendrán que pagar unos siete millones de euros al año al defensor del cliente financiero -la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero- por las reclamaciones que tramite, ya que por casa una de ellas, cada entidad tendrá que abonar 250 euros, según comunicó la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, este martes.
La cifra millonaria sale de multiplicar esos 250 euros con el número de reclamaciones que ha habido en 2021, que según los últimos registros del Banco de España, ascienden hasta las 26.719 hasta septiembre de 2021. Se trata de una cifra muy elevada, incluso por encima de la registra en 2020, cuando cerró el año con 21.320 en total.
Como era de espera, la banca no ha visto con buenos ojos esta medida. De hecho, en un comunicado oficial CECA expone que "la protección integral del consumidor financiero debería corresponder a la CNMV, sin necesidad de crear una nueva agencia pública".
Por este motivo, la asociación representante de las antiguas cajas ha señalado que participará en el proceso de consulta para "aportar propuestas y reflexiones que contribuyan a mejorar la calidad técnica del anteproyecto de ley". No obstante, la CECA ha matizado que "siempre estará a favor de que se avance en el marco de la protección del cliente de servicios financieros, en la medida en que ello contribuye a seguir construyendo relaciones de confianza con los usuarios”.
Por otro lado, Adicae ha aplaudido la medida y la ha calificado de avance histórico. "La Asociación califica de paso adelante clave la iniciativa presentada hoy por la Ministra Calviño, dados los problemas que a lo largo de todo el siglo XX han padecido los consumidores bancarios y financieros y dada la necesidad de un sistema de resolución de conflictos eficaz y permanente en este ámbito", señala en un comunicado.
Asufin, que también se ha mostrado a favor del nuevo supervisor, espera que la tramitación final dé como resultado un organismo con capacidad para resolver el 90% de reclamaciones que se cursan favorables al consumidor financiero en los tribunales de Justicia.
"Consideramos indispensable que en la configuración final del organismo se salvaguarde la independencia, como siempre hemos defendido, lo que a priori no parece estar asegurado totalmente si jerárquicamente va a depender del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", agrega.
El defensor del cliente financiero
El Consejo de Ministros de la mano de la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha dado el visto bueno a la creación del defensor del cliente financiero, que servirá como vía oficial para denunciar los casos de abuso de la banca y de exclusión financiera, tal y como ha explicado este martes.
según el borrador del anteproyecto de ley, la banca tendrá que obedecer sin oposición alguna las resoluciones cuyo importe reclamado esté por debajo de los 20.000 euros. Además, los bancos tendrán un máximo de 90 días para solventar el problema y el banco deberá comunicar expresamente, también en el máximo de un mes, la aceptación o no de la misma, así como aportar, en su caso, la justificación documental de haber rectificado su situación con el cliente.
La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.
Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos. Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro.
Además, Calviño ha anunciado que las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos "de manera ágil".
Las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde el defensor del cliente financiero.
