Se rueda menos, se recauda menos y el número de espectadores sigue cayendo en picado. Las políticas gubernamentales -subida del IVA y recorte de subvenciones- han hundido aún más en 2013 a un sector convulsionado por la piratería y las dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos. El cierre de Alta Films en mayo, la productora, distribuidora y exhibidora de Enrique González Macho, que llegó a tener más de 200 salas de proyección en todo el país y que apostaba por el mejor cine de autor, se ha convertido en un digno también en un síntoma de decadencia y una oportunidad de revisión.
A falta del oxígeno que en 2012 logró Lo imposible, de J.A. Bayona, que recaudó 40 millones de euros, casi un tercio del total de la taquilla española, las perspectivas para este año son más sombrías. La recaudación de las tres películas españolas más taquilleras de 2013, con datos hasta mediados de diciembre de Box Office Mojo -Zipi y Zape y el club de la canica (4,9 millones de euros), Los amantes pasajeros (4,7 millones) y Las brujas de Zugarramurdi (4,7 millones)-, no suma ni la mitad de aquel récord.
La Asociación Española de Cinematografía (AEC) prevé una caída global de la facturación en taquilla del 20 % y no pintan mejor las cosas en la producción, con una disminución del número de rodajes del 28 % y de los estrenos de un 24 %, según datosùblicados hasta septiembre. Con unas subvenciones públicas de 49 millones de euros incluidas en los presupuestos de 2013 -un 35 % menos que el año anterior-, el año comenzó con las esperanzas de la industria puestas en un nuevo modelo de financiación que compensara el descalabro con mayores incentivos fiscales, entre otras medidas.
El número de rodajes ha caído un 28 % y el de los estrenos de un 24 %. Se espera que la taquilla se desplome 20% más.
Representantes de todo el sector y de la Administración formaron una comisión mixta en diciembre de 2012 que debía presentar sus conclusiones a mediados de 2013 y a partir de ahí comenzar el recorrido parlamentario, de modo que las medidas acordadas pudieran entrar en vigor en enero de 2014. Pues bien, ese acuerdo sectorial se ha alcanzado, y solo en parte, esta misma semana, con medio año de retraso. La confederación de productores audiovisuales Fapae no cree que pueda entrar en vigor antes de 2015, lo que significaría un año perdido.
Las medidas pactadas incluyen aumentar los incentivos fiscales del 18 % al 25 % y crear un nuevo tipo de vehículo jurídico que facilite la entrada de inversores ajenos al sector. También se menciona la reducción del tipo impositivo para el IVA del cine, pero no se incluyen porcentajes ni plazos. Sin embargo, no son las desgravaciones la mayor preocupación inmediata de los productores cinematográficos, que siguen sin cobrar las ayudas a la amortización por estrenos de 2012 y parte de 2011.
Según fuentes del sector, aún se deben por ese concepto 21 millones de euros correspondientes al último trimestre de 2011 y cerca de 45 millones de 2012, a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró a principios de octubre que la situación se resolvería "pronto". La alarma cundió entre los productores tras conocerse que el fondo que engloba todas las ayudas sufría un nuevo recorte en los presupuestos de 2014 del 13,8 % y que se quedaba en 33,7 millones de euros, cifra que ni siquiera cubriría esos pagos atrasados y que, por otro lado, roza el ridículo, si se compara con los 340 millones que concede Alemania o los 770 de Francia.
Montoro está en deuda:aún se deben por 21 millones de euros correspondientes al último trimestre de 2011 y cerca de 45 millones de 2012.
Tampoco ayudaron mucho las declaraciones de Montoro afirmando que el problema del cine español no era sólo cuestión de subvenciones, sino también de calidad, lo que disparó entre el colectivo cinematográfico la sensación de "vendetta" por su postura crítica desde su oposición a la guerra de Irak en la anterior legislatura del PP. En el último trimestre del año han comenzado a agitarse también las aguas en el sector de los exhibidores. Después de varios años haciendo frente a la caída de espectadores a fuerza de subir el precio de la entrada -más de un 36 % entre 2004 y 2011, según Facua-, los propietarios de las salas de cine parecen haber llegado a la conclusión de que la estrategia no da más de sí y buscan nuevas fórmulas para atraer al público.
El éxito de la Fiesta del Cine -tres días de octubre en los que 1,5 millones de personas compraron entradas a un precio especial de 2,90 euros- animó el debate sobre la conveniencia y la rentabilidad de una rebaja de precios, más allá de esa "fiesta" que anualmente organizan de forma conjunta productores (Fapae), exhibidores (FECE) y distribuidores (Fedicine).
De hecho, sólo unas semanas después, grupos como Cinesa y Yelmo lanzaron por su cuenta promociones similares -tres días a un precio especial de 3,50 euros- que sembraron expectativas sobre una posible guerra de precios.
¿Perspectivas? A las puertas de un nuevo año, el sector se replantea y busca respuestas: revisión del precio de la entrada; búsqueda de canales e negociación con el gobierno y, sobre todo, plataformas que permitan socavar el efecto de la piratería, que asola a la industria.
