Desde hace más de un lustro, la Real Academia de la Lengua ha dicho, una y otra vez, que la situación económica de la institución es crítica. Tuvo que llegar una campaña electoral para ser tomada en cuenta. Este lunes, el Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, anunció que destinará cinco millones de euros a la RAE para, entre otros asuntos, hacer frente a su modernización y velar por el correcto uso del idioma en la era digital.
La RAE ha sufrido un recorte de la aportación del Estado del 60% desde 2008. La asignación de cuatro millones de euros que recibía originalmente se ha quedado en 1,6: un 50% menos. La institución ha intentado salir adelante con proyectos de auto financiación y patronos. Sin embrago, la situación es compleja. Una de las razones por las que Darío Villanueva renunció a repetir en el cargo es porque considera que había llegado el momento de designar a un director con un perfil más gestor. Lo sustituyó en el cargo el académico Santiago Muñoz.
El agujero económico es grande. A la drástica reducción presupuestaria se suma un segundo tema: la Academia ha vivido de la venta de sus productos, es decir, la Gramática, la Ortografía y el Diccionario. Sin embargo, el diccionario publicado en 2014 vendió 40% menos de lo que era la previsión inicial, lo cual también perjudica las vías de financiación. Queda así una tercera forma de supervivencia: a través de benefactores, en su mayoría empresas privadas aunque también existen particulares que aseguran la viabilidad económica.
