El principal problema de la economía española es sin duda la ausencia de productividad. El siguiente gráfico muestra dos cosas:
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La productividad del trabajo, medida como PIB por trabajador, prácticamente sólo aumenta cuando se destruye empleo, es decir por el puro efecto composición al subir porque los trabajadores menos productivos (normalmente con contrato temporal) son despedidos.
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La Productividad Total de los Factores, que mide como mejora el proceso productivo, normalmente gracias a la mejora tecnológica, prácticamente no ha crecido en las últimas décadas.
Hay pocas cosas que generen tanto consenso entre los economistas como la importancia de la I+D+i para mejorar la productividad. Por lo tanto, cualquier gobierno que mire al futuro con responsabilidad o luces largas, debería tomarse muy en serio la inversión en I+D+i. Y aquí es donde quería llegar. En algún momento o bien habrá gobierno y se presentarán los Presupuestos Generales del Estado o bien habrá elecciones y los partidos presentarán sus propuestas sobre gasto en I+D. En cualquiera de los dos casos, pido a los lectores que echen un vistazo al gasto en I+D.
I+D+i desmenuzado
Básicamente, en los Presupuestos Generales del Estado hay dos partidas sobre el I+D+i, que, como nos advirtió Anxo Sánchez, debemos mirar detenidamente.
Los gastos financieros (o capítulo 8 en los PGE) en I+D+i, que no son más créditos para realizar I+D. Me imagino que serán créditos en mejores condiciones que ofrece el mercado, pero son fondos que hay que devolver. Y los gastos no financieros (o capítulos en 1-7 en los PGE) en I+D. Esto es lo que se gasta realmente en I+D, bien sea en organismos, personal o ayudas directas. Son fondos que no hay que devolver. Un análisis de la evolución de ambas partidas nos da una idea de cómo de estratégica es para un determinado gobierno la inversión en I+D+i.
Antes del verano se presentó el magnífico Informe anual de COTEC, que desde el año 1996 nos da una completa visión de la situación de la I+D+I en España a través del análisis de los principales indicadores nacionales, autonómicos e internacionales.
Creo que la frase en su preámbulo lo dice todo:
“De los datos de esta edición, podemos destacar que, en 2017, tras seis años de caída, el esfuerzo en I+D aumentó una centésima, alcanzando el 1,20 % del PIB, el mismo esfuerzo que ya teníamos en 2006. Más allá de este dato poco hay que celebrar.”
Sostienen que prácticamente todo el esfuerzo del avance lo hace el sector privado (con tres años de incremento), pero que, a pesar de ello, no somos capaces de reducir la brecha con la Unión Europea. Y que en el sector público el crecimiento de la inversión en I+D está por debajo del crecimiento del PIB. En fin, un desastre, y nos estamos quedando atrás. En este texto no voy a entrar en la inversión en I+D privada, sin duda clave para el avance tecnológico del país, y me voy a centrar en la inversión I+D pública.
La evolución de la inversión pública en I+D
Veamos, pues, cómo han evolucionado ambas partidas desde el año 2000.
Gasto financiero en I+D+i. Debemos distinguir entre el gasto presupuestado (o el que se pinta inicialmente en los PGE) y el que finalmente se ejecuta (o que efectivamente se usa).
El gasto financiero en I+D presupuestado alcanzó su pico en el año 2010 con un 0,53% del PIB. Mientras, que el ejecutado, el que realmente se concedió, alcanzó su pico un año antes, con el 0.37% del PIB en 2009.
Es sorprendente, como ha puesto de relieve la Fundación COTEC en múltiples ocasiones, cómo la ejecución del gasto no financiero de I+D ha pasado de cifras en torno al 90% en los años anteriores a la crisis, a un ridículo 19,7% en 2018.
Gasto no Financiero. En este caso, las tasas de ejecución son más altas, aunque sorprende que también hayan caído. Por ejemplo, eran del 94% en 2009 y ahora son del 87,4% en 2018.
Pero es aún más deprimente, si cabe, ver su evolución. El gasto directo en I+D ejecutado (presupuestado) era del 0,43% (0,45%) del PIB en 2009 y en 2018 es del 0,20% (0,21%) del PIB. Es decir en un década se ha reducido a menos la mitad.
En el siguiente gráfico vemos la inversión real en I+D, es decir, el gasto ejecutado de los PGE desde el año 2000. Claramente, desde la crisis, la I+D+i ha dejado de ser un objetivo prioritario para España, perdiendo peso con respecto al PIB año tras año.
Luego nos preocupamos por el futuro, por el bajo valor añadido de muchas de las actividades y de los empleos creados, la baja productividad, y de por qué estamos perdiendo el tren tecnológico, pero, si al final nos estamos gastando un 0,2% del PIB en gasto real o no financiero en los PGE, menos de la mitad que hace 10 años, ¿qué queremos?
Creo que hay varias lecciones que debemos sacar de estos datos, y a las que debemos prestar atención cuando se presenten los próximos Presupuestos Generales del Estado (o se hagan propuestas programáticas):
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No se puede sumar el gasto no financiero y el gasto financiero como cifra global del gasto en I+D+i.
Como hemos dicho, son dos cosas totalmente distintas: una es una ayuda directa y la otra es un crédito. Y, si estás dando un crédito, que se tiene que devolver, no es gasto publico en I+D. Es como si pido una hipoteca para comprarme un piso y pienso que el piso me lo paga el banco. Que son dos cosas distintas es bien conocido en el Ministerio de Hacienda, pues el gasto no financiero afecta íntegramente al déficit público, y del otro, el gasto financiero, al ser un crédito, prácticamente muy poco (tan solo una estimación de la tasa de mora).
A este respecto, ¿qué sentido tiene, anunciar una cantidad en gasto financiero, si luego se va a ejecutar sólo el 20%?. El único argumento que encuentro es que permite inflar la cifra de gasto total al presentar los PGE, y todo ello sin afectar al déficit. Por este motivo se deben presentar por separado.
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Hay que mirar a la cifra ejecutada y no a la cifra presupuestada.
Normalmente se gasta mucha tinta en analizar los presupuestos en el momento que se presentan, pero muy poca en ver cómo se han ejecutado al cabo de un año. Esto es muy importante en el caso de la I+D, pues, como se ve, bajando la ejecución se consigue un recorte en el gasto de forma encubierta. Esto ha ocurrido con el gasto no financiero, y, aunque en menor medida, también con el gasto financiero.
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La cifra real de gasto público en I+D es principalmente la que aparece en gasto no financiero.
Solo hay una salvedad, y es cuando el crédito que se concede va a una CCAA, pues en este caso si sería gasto público. Lamentablemente, no sabemos cuánto del gasto financiero va a las CCAA, pues no se publica, aunque sospechamos que será muy escaso.
En este sentido, el gasto en I+D+i de los PGE en 2018 fue del 0,2% del PIB, menos de la mitad que hace 10 años. ¿Por qué no aumentamos el gasto no financiero y reducimos el gasto financiero que apenas se ejecuta? Esta medida ayudaría sin duda a la I+D+i, sobre todo a la investigación base, o a la que se realiza principalmente en las universidad o los centros de investigación. Todo el mundo entiende que la ciencia o investigación básica, es la más importante, pues es la que consigue incrementar el conocimiento de la realidad. Y esta investigación no se realiza con créditos que hay que devolver, pues conlleva siempre un mayor riesgo de monetizarse o de arrojar beneficios inmediatos.
En definitiva, si nos queremos tomar en serio la productividad y el avance tecnológico de nuestra economía, lo primero que debemos hacer es tomarnos en serio la I+D+i.
Desde las universidades y los centros de investigación hemos visto un deterioro en los fondos destinados a la I+D+i, que en muchos casos están ausentes y en otros son cantidades cada vez más ridículas.
Los datos que hemos visto nos dan la razón, pues se gasta menos de la mitad que hace 10 años.
Confíemos tener pronto un nuevo ejecutivo que se tome en serio la I+D+i y, en la presentación de sus presupuestos veamos una subida sustancial del gasto en I+D+i.
Ojala veamos cómo se alcanzan los niveles de I+D previos a la crisis y, sobre todo, que no nos tomen por tontos, dándonos la cifra sumando los gastos financieros.
Este artículo fue publicado originalmente en Nada es Gratis.
José Ignacio Conde Ruiz, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
