El pasado fin de semana el G20 se reunió en Japón, donde se decidió trabajar en aras de una tasa digital, o también llamada 'tasa Google', para gravar a empresas como Google, Amazon, Facebook o Apple -los llamados GAFA, entre otros-.
Este impuesto, que recaerá en general sobre multinacionales del ramo tecnológico y de Internet, será una realidad a lo largo del 2020, y contará con el consenso de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), compuesta por 37 estados. Un hecho que cumplirá con los deseos de Alemania y Estados Unidos, que abogan por un acuerdo uniforme a escala global para la aplicación del gravamen.
La Unión Europea trató de impulsar también en el viejo continente el llamado oficialmente Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), pero se vio obligada a aparcarlo el año pasado al no existir consenso entre los Estados miembro. Países como Irlanda o Luxemburgo se opusieron al mismo. Hay que destacar que las condiciones fiscales de Irlanda han sido clave en la decisión de Google y Apple de establecer sus sedes allí. El país británico se juega mucho.
Pedro Sánchez gravará con un 3% a aquellas empresas que facturen 3 millones de euros en España y 750 millones a escala global
El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, pretende sacar adelante este impuesto en España a lo largo de este año, tal y como refleja el plan de estabilidad presentado a Bruselas el pasado 1 de abril. Es más, la convocatoria de las pasadas elecciones truncó los planes de Sánchez de tenerlo antes. Otros países como Francia o Reino Unido también han optado por este camino. El Gobierno español mantendrá sus planes intactos a pesar del acuerdo alcanzado en el seno de la OCDE.
Otras fuentes aseguran que desde el Gobierno de Pedro Sánchez son conscientes de que los temas de fiscalidad se tienen que aprobar por unanimidad, y eso, consideran, es imposible, al no existir la posibilidad de sacar adelante estos temas con mayorías reforzadas y no con un acuerdo total.
El impuesto más duro
Sánchez pretende recaudar 1.200 millones de euros con el impuesto, que será uno de los más duros si se toma como referencia lo pretendido por la Unión Europea en su día. Adigital (Asociación Española de la Economía Digital), entidad que se opone a la tasa, estima sin embargo que el impacto que tendrá en el PIB español será de entre 586 y 662 millones de euros.
El Gobierno gravará con un 3% determinados servicios digitales de aquellas empresas que facturen 3 millones de euros en España o 750 millones a escala global.
Las pequeñas empresas y startups quedarán excluidas del pago del Impuesto
La propuesta que fue tumbada en su día por la UE establecía que las grandes multinacionales tecnológicas pagasen ese 3% siempre que facturasen 50 millones en cada mercado local o 750 millones en todo el mundo. Las pequeñas empresas y startups quedarán excluidas del pago del Impuesto, algo que también sucederá con el impuesto que se apruebe en España.
Los servicios que se gravarán con este impuesto serán los correspondientes a la publicidad online -por ejemplo como Google-, la intermediación en línea -como por ejemplo las tiendas que intermedian entre un vendedor y un cliente, caso de Amazon- o la venta de datos de usuarios -caso de Facebook-.
