El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Ramón Aguirre, quiere meterle mano a la única presidencia de sus participadas que no está en manos de un hombre del PP.
Hasta ahora, Enagás, en la que la Sepi conserva una posición estratégica pero minoritaria del 5%, no había estado en el foco de los cambios políticos al frente de empresas públicas o semipúblicas. Frente a la rapidez con la que colocó en Red Eléctrica a José Folgado, ex secretario de Estado con Aznar, la Sepi decidió, en un primer momento, mantener el status quo de poder en el otro gran operador energético, la compañía que ostenta el monopolio del transporte del gas.
Eso sí, en septiembre de 2012, Sepi obligó a Antonio Llardén a crear el cargo de consejero delegado, en línea con lo que venían pidiendo los fondos de inversión internacionales, puesto que recayó en Marcelino Oreja Arburua, ex eurodiputado por el PP e hijo del ex Comisario europeo.
Desde entonces, todo parecía tranquilo, gracias a que la entente entre Llardén y Oreja había funcionado a la perfección, con un reparto de poder bien engrasado, que se ha traducido en la buena evolución del negocio de la compañía y en su clara apuesta por la internacionalización.
La Sepi ha forzado la creación de un núcleo duro del PP dentro del consejo de Enagás para tener el control absoluto de cara a la toma de importantes decisiones futuras
Sin embargo, la pasada semana saltaron las alarmas. Sorpresivamente, desde Sepi se forzó el nombramiento de cinco nuevos consejeros en Enagás, todos ellos marcadamente del PP, en lo que representa el primer paso en la estrategia de la sociedad estatal para mover del cargo de presidente al único alto ejecutivo del PSOE (del PSC en este caso) que aún queda al mando de una gran compañía semipública.
Según confirman a Vozpópuli varias fuentes al tanto del proceso, ese movimiento de la Sepi, aprovechando la necesidad de renovación y salida de antiguos consejeros de Enagás, persigue contar con el voto afín de esos cinco consejeros que han sido denominados “independientes” de cara a las decisiones que se puedan tomar en el consejo en los próximos meses.
La Sepi tomará el control absoluto del consejo de Enagás cuando la junta de accionistas del 25 de marzo refrende los nombramientos de Antonio Hernández Mancha (ex líder de Alianza Popular), Ana Palacio e Isabel Tocino (ex ministras de Aznar), Gonzalo Solana, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia también con Aznar, y Luis Valero, que hasta hace unas semanas desempeñaba el cargo de director general de Industria.
Hernández Mancha, Palacio, Tocino, Solana y Valero, todos ellos del PP, serán nombrados consejeros "independientes" en la junta del 25 de marzo
Será después de la junta, señalan las fuentes consultadas, cuando la Sepi tratará de mover sus fichas para buscar el relevo del actual presidente.
Llardén llegó a Enagás en septiembre de 2007 de la mano del Gobierno de Zapatero para sustituir a Antonio González-Adalid, en una operación de derribo que provocó fuertes críticas desde las filas de un PP entonces en la oposición. El ejecutivo catalán fue subsecretario de Obras Públicas en uno de los gobiernos de Felipe González y ha sido vicepresidente de Caixa Catalunya a propuesta del PSC y de la mano del ex ministro Narcis Serra.
Han pasado siete años desde su llegada a Enagás y el ejecutivo catalán, muy respetado en el sector energético, ha conseguido mantenerse a flote en el cargo. Y en los algo más de dos años en los que lleva gobernando el PP, ha sabido poner buena cara al que gobierna y ceder parte de su cuota de poder para dejarlo en manos de un consejero delegado.
Sepi busca un cambio no traumático, que no haga ruido, dado que Llardén lleva ya siete años en el cargo y su salida será cómoda, con una indemnización de cinco millones de euros
Hasta el punto de que Llardén cuenta con el respaldo explícito de Moncloa para el desempeño de su cargo, señalan fuentes políticas. Es es el gran escollo que tendrá que salvar Aguirre si quiere moverle el sillón presidencial en los próximos meses, alertan las fuentes consultadas al tanto de la estrategia de Sepi.
Sin embargo, la estrategia de Aguirre no es a corto, sino a medio plazo. La junta de accionistas del 25 de marzo renovará también a Llardén y a Oreja como consejeros del grupo por cuatro años más.
El principal escollo de Aguirre para mover a Llardén es que el ejecutivo catalán cuenta con el respaldo de Moncloa en su desempeño al frente de Enagás
Lo que busca Sepi es que el cambio se produzca más adelante, gracias a que ahora Enagás dispondrá de un consejo de administración dócil al servicio del partido en el Gobierno. Y que el proceso no sea traumático, ni mucho menos, más bien al contrario, para no hacer ruido, señalan las fuentes consultadas.
Tras más de siete años al frente de Enagás, la marcha de Llardén de la presidencia se plantearía como un cambio lógico y natural, que además sería fácil de implementar, dado el conocimiento que de la compañía ha ido adquiriendo su consejero delegado, Marcelino Oreja. Además, el ejecutivo catalán dispone de un goloso blindaje de tres anualidades y se embolsaría unos cinco millones de euros de indemnización tras su salida.
