Los grandes fondos de inversión reforzarán los controles que realizan sobre las personas a las que alquilan pisos en España ante las medidas que en materia de alquiler prepara el Ejecutivo.
El Gobierno aprobará mediante Real Decreto una modificación de la ley de arrendamientos urbanos que contempla, entre otras normas, ampliar el periodo de alquiler a siete años para la parte arrendadora en el caso de que esta sea persona jurídica.
De acuerdo a fuentes del sector inmobiliario, está previsto que el Real Decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros que se celebre este mismo viernes, o, en todo caso, antes de final de año. El proyecto pretende recuperar la duración de los contratos de alquiler a cinco años, frente a los tres actuales (establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, de junio de 2013), que será aplicable para las personas físicas, y hasta siete años en el caso en el que el casero sea una empresa.
"El Gobierno está obligado a defender el interés general", subrayan desde el Ministerio de Fomento
Los grandes fondos de inversión que en los últimos años han adquirido carteras hipotecarias que se corresponden a decenas de miles de viviendas en alquiler se ven perjudicados ante las medidas anunciadas, y también inmobiliarias como Testa (propiedad de Blackstone) o Neinor. "Es discriminatorio que por ser persona jurídica se amplíe a más años que en el caso de las personas físicas", comentan fuentes cercanas a fondos estadounidenses. "Para los morosos, para los inquilinos que no pagan, es una buena noticia, tendrán más tiempo para seguir cometiendo esa irregularidad", añaden.
"Además", advierten, "si lo que pretenden es rebajar el precio del alquiler, la medida puede ser contraproducente, si vamos a tener que alquilar por siete años es posible que el precio inicial se eleve".
Ante la posibilidad de que la duración de los contratos de alquiler se amplíe hasta los siete años, los fondos previsiblemente reforzarán los controles que realizan sobre los arrendatarios, señalan las fuentes consultadas. "Exigir mayores certificaciones de capacidad de crédito, o el pago adelantado de más meses pueden ser algunas de esas medidas", apuntan.
El presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, criticó los planes del Gobierno ante la Ministra de Economía la pasada semana
El presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, ya advirtió que el proyecto del Gobierno en este sentido se ve con preocupación desde la industria de los fondos de inversión. La pasada semana, en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Boada recordó, ante la Ministra de Economía, Nadia Calviño, que Blackstone había invertido en los cinco últimos años 25.000 millones en el sector inmobiliario español cuando nadie apostaba por él.
"La Secretaria General de Vivienda ha mantenido contactos con fondos y grandes tenedores sin que este asunto en particular haya destacado particularmente entre los temas abordados", aseguran fuentes del Ministerio de Fomento consultadas por este diario.
"Fondos y grandes tenedores defienden sus intereses legítimamente", indican, y añaden que el Ministerio liderado por José Luis Ábalos "tiene en cuenta y valora sus opiniones y objeciones", pero, subrayan, "además está obligado a defender el interés general".
Barcelona, el peor ejemplo
"Podría ser peor", admiten, no obstante, distintas fuentes consultadas también entre los grandes fondos de inversión estadounidenses. "
Los fondos podrán reforzar esas condiciones de contrato de alquiler", dicen, y "en Madrid y en Barcelona tendrán suficientes solicitudes de arrendatarios como para poder distinguir entre los que puedan pagar y los que no", comentan.
Con mayor preocupación que el Real Decreto que prepara el Gobierno en esta materia, los fondos se refieren a la situación en Barcelona. "Tener que destinar el 30% de tu cartera a vivienda social es muy lesivo para los intereses de los fondos e inmobiliarias", apuntan.
"El que compra suelo lo hace con unas reglas y no se le pueden cambiar", advierte Juan Velayos, consejero delegado de Neinor
El Ayuntamiento de Barcelona negocia con la Generalitat y entidades para la vivienda social la constitución de una Subcomisión de Urbanismo para aprobar una medida que obligará a los constructores a reservar un 30% de nueva construcción a vivienda protegida.
"El que compra suelo lo hace con unas reglas y no se le pueden cambiar", subrayó Juan Velayos, consejero delegado de la inmobiliaria Neinor, el mes pasado en una feria inmobiliaria celebrada en Barcelona. En declaraciones recogidas por La Vanguardia, Velayos afirmó que hay "inversiones congeladas en Barcelona por la incertidumbre que supondrá ponerle precio a las viviendas”.
En sentido parecido se manifestó Anna Esteban, de la consultora inmobiliaria CBRE. "Si se restringe la oferta, los precios suban". advirtió. "Es urgente ampliar la oferta de vivienda protegida en Barcelona, pero hay que hacerlo de una manera que no ponga freno a la vivienda libre", añadió.
