A finales del año pasado el exministro de Hacienda Cristobal Montoro anunció la creación de un impuesto por la compraventa de productos en páginas web como Wallapop, Vibbo (Segundamano) o Milanuncios.
Una tasa que ya se contemplaba desde hace tiempo, tal y como explica José Maria Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. "Montoro explicó en su día su intención de crear una tasa para las compras y ventas en portales de este tipo, pero es algo que la legislación refleja desde mucho antes. Se enmarca dentro del Impuesto por Transacciones Patrimoniales. La regulación establece el pago de un 4% de las operaciones de adquisición de productos de segunda mano entre particulares", explica.
Un impuesto que no se va a pagar nunca, tal y como asegura Mollinedo, debido a las múltiples trabas burocráticas y a la dificultad para investigar esas transacciones.
Wallapop, Vibbo o Milanuncios sólo ponen en contacto a potenciales clientes. No se realiza ninguna transacción dentro de estas webs, por lo que no se les puede reclamar información de las operaciones
Este impuesto está cedido a las comunidades autónomas, que son quienes tienen cedidas las competencias para la recaudación de la tasa. Ellas son quienes deben reclamar a los vendedores que utilizan estas webs el pago del porcentaje correspondiente.
Perseguir al usuario
"Las comunidades autónomas deben preguntar a los portales de compraventa por las cantidades de las operaciones, y también por los usuarios que comercializan productos de segunda mano. La realidad es que muchas de estas páginas sólo ponen en contacto a los interesados, caso de Segundamano o Wallapop. Es decir, no se realiza ninguna transacción dentro de la web, por lo que no puede serles requerida ninguna información transaccional", explica Mollinedo.
Las comunidades autónomas tendrían que obtener entonces la información de las operaciones rastreando a particulares, algo que no se va a hacer por su complejidad.
"Es un proceso muy arduo. Primero tienen que contactar con el comprador y preguntarle el montante de la operación, ya que muchas veces el precio inicial sufre regateos. Después, tendrían que hablar con el vendedor y certificar que reside en esa la comunidad autónoma. Es un proceso muy complejo, en el que las cantidades que se pueden obtener son irrisorias. Por todo esto es un impuesto que no se va a cobrar jamás", concluye Mollinedo.
