A pesar de los cambios introducidos a partir de 2016 para evitar la burocracia de los partes semanales (se pueden dar bajas y altas en el mismo día y los partes se emiten según la duración prevista de la baja en ese catálogo) el absentismo laboral se ha disparado con la salida de la crisis económica. Se debe a que ha crecido el número de días de las bajas en las que hay menos control mientras que los hospitales no se implican en la gestión de las bajas. También a que se ha producido un aumento del número de empleados y a que se ha perdido el miedo a perder el empleo como sucedió en los peores años de la recesión (muchos trabajadores acudían a su puesto incluso con fiebre). Además, crece la utilización inadecuada de la prestación. Lo que parece evidente es que el aumento del absentismo está ligado al crecimiento de la actividad.
En concreto, según la estadística del ministerio de Trabajo, el número medio mensual de procesos de bajas era de 262.345 en 2013 (excluyendo a los autónomos) y esa media en abril de 2019 alcanzó los 529.820 en la Incapacidad Temporal por contingencias comunes y de 41.690 y 57.043 respectivamente en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, se ha duplicado el número de procesos comunes desde la crisis. El alza es del 30% en lo que va de 2019 respecto a la media de 2018, muy por encima del crecimiento de la población protegida (9%). Por tanto, es muy probable que los procesos totales iniciados por el sistema público superen a final de ejercicio los seis millones frente a los 3,4 millones de 2013 o los 4,6 millones al inicio de la crisis en 2007. Según las mutuas, la duración media de las altas causadas tras las bajas era de 36 días en 2013 y en 2018 alcanzó los 39 días. En cuanto a las CCAA, que tienen la transferencia sanitaria, Extremadura llegó al top con 67 días, seguida por Galicia (60) mientras que en Navarra sólo alcanzó los 25 días (33 en Madrid y 29 en Cataluña).
Trabajadores protegidos por el sistema
En todo caso, el absentismo, que se ha convertido en un fenómeno social, económico y laboral, no cesa de escalar ya que, como señala el director gerente de Amat, Pedro Pablo Sanz, un millón de trabajadores largo (1.014.707 exactamente) no acudió a trabajar ningún día del año en 2018, casi 400.000 más que en 2013 y 200.000 más que en 2007 al inicio de la crisis. Sólo en el último año respecto al anterior, la subida es de casi 100.000 personas más que no trabajaron. Ello supone que estuvieron de baja el 5,86% de los trabajadores protegidos por el sistema frente al 4,45% en 2013. Es muy probable que en 2019 se supere ya el 6%.
Estos datos coinciden con las horas no trabajadas por ocupado respecto a las pactadas. Según los datos del INE, en el primer trimestre de 2019 se han perdido el 5,7% de las horas, medio punto más que hace un año (equivale a más de cien millones de horas cada mes), frente al 3,4% en 2012 (al inicio de la segunda recesión). La cifra más elevada se produce en la industria (6,1%) y la más baja en la construcción (4,5%).
Gasto de más de 85.000 millones
El sector de los servicios, el más numeroso en cuanto a empleados, es el que más bajas acumula. Y curiosamente destaca el alza en las administraciones públicas, el sector con mayor estabilidad laboral y dónde se acumula el mayor número de empleo creado en los últimos años. Sólo las administraciones generales, excluyendo educación y sanidad, iniciaron en 2018 más de 130.000 procesos con una duración media de la baja de 60 días, una de las más altas del sistema de protección. En su conjunto, en el sector público se pierden más de 100 horas anuales por empleado por absentismo.
Este aumento con el efecto de bola de nieve de las bajas laborales se traslada también los costes. Según los datos de la patronal de las mutuas (Amat), las contraprestaciones económicas que recibieron los trabajadores durante las bajas de 2018 (perciben entre el 65% y el 75% de la Base Reguladora cotizada que suele estar complementada hasta la nómina total por el acuerdo de las empresas con las mutuas) supusieron un gasto para la Seguridad Social de 7.500 millones y de 6.900 millones para las empresas cuando, por ejemplo, en 2013 era de 4.300 millones en cada caso. La Asociación de Mutuas ha calculado también los costes de oportunidad de los bienes y servicios que se dejaron de producir por el absentismo. Según su estimaciones, en 2018 se llegó a los 70.741 millones de euros (un 55% más que en 2013) que, sumados al gasto directo de la Seguridad Social y de las empresas, elevó un gasto para la economía española de más de 85.000 millones, es decir, más de 7,5 puntos de PIB.
