La ayuda pública que ha requerido Abengoa para evitar el concurso de acreedores puede lesionar la normativa europea al respecto y que la multinacional sevillana quede a la intemperie y no tenga más remedio que solicitar concurso de acreedores.
Abengoa ha requerido un préstamo de 250 millones de euros avalados por el ICO, y también ayuda a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), para nuevas líneas de avales revolving por un importe de 300 millones, para cubrir las necesidades del negocio hasta finales de 2021.
Después de que los dos organismos semipúblicos hayan perdido decenas de millones de euros en Abengoa, y de que la situación del grupo pudiera considerarse crítica a finales del pasado año, la ayuda pública a la compañía está puesta en cuestión.
Para acceder a los avales del ICO, las compañías no pueden haber estado en situación crítica a finales de 2019
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, aprobó una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros, que es la que ha solicitado Abengoa. Pero este programa está sujeto a la normativa de ayudas de Estado de la UE.
A los avales del ICO a préstamos de grandes empresas, es aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea, que advierte que para poder acceder a este tipo de ayudas, las compañías en cuestión no pueden encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.
Cesce, participado por el Estado (50,25%), Santander (23,87%), y BBVA (16,3%), avala los créditos de los bancos que otorguen nueva liquidez a Abengoa. El aval de Cesce tiene que contar con el visto bueno de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado, en la que están representados varios ministerios.
El ICO perdió 85 millones de euros en la reestructuración financiera acometida por Abengoa para evitar el concurso
PwC, auditor de las cuentas de 2019 de Abengoa, advertía en su informe de auditoría que la situación de fondo de maniobra negativo, de pérdidas, de necesidad de refinanciación, entre otros factores, con los que la compañía terminó el pasado ejercicio, constituían una incertidumbre sobre la capacidad del grupo para mantener la actividad.
Pérdidas millonarias del Estado
La crisis de Abengoa -el grupo lleva sorteando el concurso de acreedores desde finales de 2015- ha provocado pérdidas millonarias a organismos públicos, que no tuvieron más remedio que aceptar una quita del 97% de su deuda para evitar la liquidación de la compañía.
En la actualidad, el único accionista relevante que se mantiene en el capital de la compañía sevillana es la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, que transformó deuda por acciones del grupo en marzo de 2018, con un 3%, según los registros de la CNMV.
El ICO aprobó la reestructuración de la deuda de Abengoa asumiendo una pérdida de 85 millones de euros. También Cofides, y Cesce, aportaron cientos de millones de euros al grupo sevillano. El exministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que en total estos organismos tenían una exposición en el grupo de 415 millones de euros.
