El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto-ley que regula la concesión de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que estas los repartan entre las empresas y autónomos más afectados por la pandemia de la covid-19. A la vista de la norma, algunas advierten de que harían falta cambios para evitar colapsos.
Las comunidades y las asociaciones empresariales y de autónomos han conseguido algunas mejoras durante la tramitación parlamentaria de la norma, como que se amplíe el número de sectores cubiertos, ya que ahora las comunidades tienen la posibilidad de dar cobertura con las ayudas a sectores económicos que inicialmente no estaban protegidos si consideran que se encuentran en situación de vulnerabilidad; o que las empresas con pérdidas ya en 2019 también puedan acogerse al programa.
A pesar de estos cambios, todavía hay flecos que les preocupan, como el acceso a la información. Para comprobar si un solicitante ha sufrido una pérdida de la facturación suficiente para poder tener acceso a las ayudas (se requiere que el "volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019"), es necesaria la intervención de la Agencia Tributaria.
Las comunidades tendrán que solicitar a las AEAT que revise si ese contribuyente cumple con ese requisito y hasta no recibir una respuesta no podrán emitir una resolución.
Trabas para que las ayudas lleguen a las empresas
"En vez de que podamos hacer una consulta automática de datos y que directamente lo veamos, nos dicen que hagamos excels, se los mandemos, ellos los completan y nos lo mandan… una cosa de otro siglo. O el Ministerio lo corrige o van a pasar semanas", advertía recientemente Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, en una entrevista con Vozpópuli.
Otra preocupación que ha manifestado también la Junta de Andalucía es que "no se articula un procedimiento ágil para poder resolver las alegaciones, recursos o reclamaciones que interpongan los solicitantes cuando no estén de acuerdo con la información proporcionada por la AEAT". En esos casos, de nuevo las comunidades tendrán que hacer de intermediarias y dirigirse de nuevo a la Agencia Tributaria, lo que ralentizará los procesos.
"No parece que las autonomías (a diferencia de la Agencia Tributaria) cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable", advertían esta semana la la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Sus economistas tampoco comprenden por qué el Gobierno ha repartido ya el dinero entre las comunidades antes de conocer en qué situación está su tejido productivo. "No se entiende la necesidad de un reparto ex ante entre territorios cuando el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas, fundamentalmente en función de la caída del volumen de negocio de las empresas".
Se darán por orden de llegada
El sistema de concesión de las ayudas se realizará por orden de llegada, algo que también ha generado malestar entre las asociaciones empresariales y de autónomos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, se mostró reticente en un primer momento a articular desde el Ejecutivo estas ayudas porque alegaba que las comunidades conocían de primera mano el tejido productivo de cada región y tenían más capacidad de decidir qué empresas y autónomos eran merecedores de las ayudas.
Sin embargo, la norma por la que finalmente se han articulado estas ayudas no permite a las autonomías decidir los criterios de concesión e impone que éstas se vayan dando a medidas que se van solicitando.
Si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella"
La organización de autónomos UPTA ha defendido que "si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella, ya que muchos negocios deben hacer un contraste de información sobre el IRPF o sobre Impuesto de Sociedades, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. Por ello, es fundamental que se establezcan unos tramos presupuestarios que determinen cuáles son los requisitos".
Esta asociación propone que a mayores pérdidas registradas, mayor sea la ayuda. Pide que las autonomías preserven un 50% del presupuesto total para dar ayudas a los que han tenido caídas de más del 50% de la facturación; y que con la otra mitad del presupuesto ayuden a los que han sufrido menos pérdidas.
El objetivo es que se liberen esos fondos en ese orden para evitar que una empresa con una caída de la facturación del 30% sea ayudada antes que la que ha tenido una pérdida del 60%.
Dudas sobre el fin de las ayudas
Plantea también un problema la condicionalidad de las ayudas, ya que deben destinarse en primer lugar al pago de deudas, lo que para algunos supone un castigo para aquellos autónomos y empresas que se hayan esforzado por mantener al día sus obligaciones económicas.
"La finalidad de la ayuda parece dirigida a que los acreedores cobren, de forma que discrimina a las empresas que han cumplido con los pagos en tiempo y forma, favoreciendo a aquellas que no lo han hecho y mantiene la deuda. Los requisitos de pago futuro y de prelación, además de complejos, son difícilmente entendibles y justificables desde un punto de vista económico, pensando en las empresas y autónomos que están sufriendo el embate de la pandemia en sus cuentas", lamentan en Andalucía.
Hay muchos aspectos del Decreto que son claramente susceptibles de mejora"
Todas estas trabas "entorpecerán la llegada de las ayudas (...) y, además, puede colapsar la gestión de la administración autonómica durante un periodo muy amplio de tiempo", añaden desde la Junta.
Van más allá los economistas de Fedea, quienes lamentan que "hay muchos aspectos del Decreto que son claramente susceptibles de mejora", y alertan de que al dar prioridad a los solicitantes que tengan deudas podrían fomentar los impagos.
"Puesto que estamos hablando de ayudas destinadas a empresas con problemas de solvencia, es muy probable que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito. Alternativamente, para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, reforzando así los posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas", advierten.
Una vez publicado el decreto, las comunidades tienen que firmar un convenio con el Gobierno para poder recibir los fondos y, después, desplegar las ayudas. De momento, Extremadura y Castilla-La Mancha son las únicas que lo han firmado.
