Un cártel es un acuerdo entre empresas del mismo sector para reducir o eliminar la competencia. Esto un fenómeno que acecha al sector del vino tras las ayudas del Gobierno para que puedan afrontar el impacto del coronavirus. Además de varios incentivos económicos, el real decreto que puso en marcha en el mes de junio limita la producción por hectárea para ajustar la oferta con el desplome actual de la demanda. El confinamiento provocó el cierre de los bares, el principal cliente de los productores de vino, y la buena tendencia de la exportación no ha sido suficiente. Según las cifras de las que dispone la Federación Española del Vino (FEV), el estado de alarma creó un agujero del 38% en el negocio del sector y sus previsiones son que al final del año esta caída, siendo lo más optimistas posibles, se reduzca hasta el 20%.La vendimia de 2020, que ha arrancado este mes de agosto, se espera que mantenga niveles de producción que se mantengan en línea con los últimos años. Con menos clientes, los productores tendrán excedentes tanto de uva como de vino. Y los grandes productores reclamaron unas limitaciones a nivel nacional de todas las cosechas. Estas reglas que se cumplen en las 60 denominaciones de origen, ya que autorregulan su producción y niveles de calidad, tienen como principal objetivo que se ponga limite a las producciones 'independientes' (sin denominación), el apodado 'vino de mesa'. La limitación que recoge el Real Decreto 557/2020 limitar es rebajar a un máximo de 20.000 kilos por hectárea en el caso de la uva blanca y 18.000 en el caso de la tinta."Se limita la producción, se reduce la oferta y, por lo tanto, terminará por aumentándose el precio", explica a Vozpópuli el profesor de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Luis Jiménez. "Compensan la caída de la demanda con un recorte en la oferta y esto siempre afecta al consumidor, aunque lo más grave es que sea la propia Administración que impulse este cártel", añade."El Gobierno ampara la cartelización del sector del vino mediante Real Decreto, la industria se frota las manos al legitimar vía normativa su "cártel de crisis", destacaba en las redes sociales Mateo Silos, asistente al director de Economía de la Competition and Markets Authority (CMA), la principal autoridad de competencia del Reino Unido.
El sector no ve riesgo de cártel
En España, cerca de la mitad de las hectáreas dedicadas a la producción de vino no llevan Denominación de Origen Protegida (DOP). Es decir, no llevan ni limitación de rendimiento ni condiciones de poda. Ya desde el sector se estaba trabajando antes de la pandemia en un real decreto para poder regular estas hectáreas 'independientes'. "La propuesta recogía, en un borrador, las limitaciones de rendimiento de las parcelas sin DOP", explica José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV).Esta idea, que no llegó a materializarse, sí ha entrado en el Real Decreto de ayudas. "Una de las medidas de impulso es 'la destilación de crisis', que consumirá muchos millones de euros, y que no puede repartirse mientras existe una producción ilimitada", apunta Benítez. La destilación de crisis subvenciona a los productores a granel que fabriquen alcohol que se utilizará exclusivamente en procesos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos, o energéticos."Hay que recordar que la limitación de 20.000 kilos por hectárea en uva blanca y 18.000 en el caso de la tinta permite triplicar el promedio actual de producción del vino sin denominación de origen", explica el representante de la FEV. Pero desde el sector consideran que esta limitación mejorará la calidad de la producción de la uva, mejorará el vino y elevará su precio. La mayoría de estas limitaciones afectan a viñedos situados en Castilla-La Mancha, Extremadura y la zona de Requena (Valencia), que son los territorios donde mayor extensiones de viña sin denominación de origen. Este nuevo control de producción al vino sin DOP abre de nuevo el debate sobre las propias denominaciones de origen. Son una excepción a la norma de la libre circulación de mercancías de la Unión Europea. La propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) alertó en 2016 sobre el impacto de las mismas en la competencia. Por ello, la decisión del Gobierno de limitar a los 'independientes' como a las DOP han encendido la alerta.
