Tras veinte días en los que las heridas no se han cerrado, el consejo de Banco Popular vuelve hoy a reunirse para tratar aspectos clave en el futuro del grupo. A pesar de que la salida de Ángel Ron ya fue aprobada el pasado 1 de diciembre, parte del consejo de administración sigue queriendo plantar batalla frente a los detractores del todavía presidente.
Las maniobras se han sucedido en los últimos días, principalmente durante el pasado fin de semana. Los defensores de Ron ven un posible conflicto de interés de Helena Revoredo, de Prosegur y una de las opositoras, por un expediente de la CNMC.
Junto a ello, los consejeros tienen munición contra los accionistas mexicanos, liderados por la familia Del Valle. Consideran que podrían haberse saltado la ley de opas con maniobras ocultas a través de inversores bajistas, que han hundido la acción de Banco Popular un 66% en 2016, aunque las caídas se han mitigado en parte tras las subidas desde el anuncio del nombramiento de Emilio Saracho.
Se avecina de esta forma un consejo de alta tensión casi como los dos últimos, aunque tras todo lo anunciado parece complicado que el banco dé ahora marcha atrás en la salida de Ron. El único cabo por atar es el del contrato de Saracho, que todavía no se ha firmado. Puede servir de excusa para que los afines a Ron intenten plantear algún presidente alternativo que asegure la independencia de Popular. El hecho de que Saracho venga de banca de inversión y que se hable de antemano de una ampliación de capital les hace desconfiar de su papel.
Los afines a Ron creen que los accionistas mexicanos pueden haberse saltado la ley de opas con inversiones bajistas
Junto al todavía directivo de JPMorgan, también se planteó la alternativa de Manuel Pizarro. Otros nombres que estuvieron en la lista son el del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, varios prejubilados de la banca y un directivo de Santander.
El malestar entre los consejeros afines a Ron es sobre todo patente con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Creen que ha tenido un papel clave al no dar su visto bueno todavía a la creación del banco malo, el Proyecto Sunrise, con el que Popular quiere sacar de su balance 6.000 millones en ladrillo.
Orden del día
Más allá de esta contienda, el consejo de hoy del banco tiene tres grandes puntos en el orden del día: el contrato de Saracho; el calendario de sucesión; y las pérdidas millonarias que tendrá la entidad en 2016.
Para resolver el primer punto será clave que las diferencias iniciales se enderecen a lo largo de la reunión. Saracho confía plenamente en tomar la presidencia de Popular a partir de febrero, hasta el punto de que ya se ha reunido con directivos como Pedro Larena, consejero delegado, y de que ya está sondeando el mercado para crear su propio equipo.
El tema del calendario es clave para el banco, que quiere dar un mensaje claro al mercado de cuándo y cómo va a ser el relevo de presidente y así dejar de generar incertidumbre. Para ello es necesario que se convoque junta de accionistas y que el nuevo presidente sea antes consejero. Ambos hechos pueden coincidir en una misma junta.
Parte del consejo cree que está a tiempo de anular la contratación de Saracho y traer un presidente que defienda la independencia del banco
En cuanto a las pérdidas, serán superiores a los 2.500 millones de euros. Lo que está por ver es si el auditor, PwC, estará cómodo con las mismas.
Para más adelante quedará la aprobación del Proyecto Sunrise, que todavía está pendiente de recibir el visto bueno regulatorio y de determinados pasos fundamentales, como la recompra de Aliseda a los fondos Värde Partners y Kennedy Wilson.
