Una vez que la Junta Única de Resolución (JUR), el mecanismo comunitario de resolución, tiene que hacer públicos los nombres de las instituciones públicas y de las empresas que retiraron depósitos de Banco Popular poco antes de su intervención, una de las grandes incógnitas que quedan por resolver son las garantías con las que contaba el banco para acceder a la liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo (BCE).
El Banco de España, según explicó el exgobernador Luis María Linde en el Congreso, es partidario de publicar estos datos, aunque para ello necesitaría contar con el permiso del BCE. En cualquier caso, lo cierto es que a través del ELA, la institución concedió a Popular liquidez por importe de 3.500 millones de euros —el banco había solicitado 9.500 millones—, casi siete veces menos que la otorgada a los bancos griegos durante el primer semestre de 2015.
En concreto, Eurobank y Alphabank, dos de las principales entidades de Grecia, contaban con 23.000 millones de euros cada uno en liquidez del ELA en esta fecha. El dato sorprende si se tiene en cuenta que junio de 2015 fue uno de los momentos más tensos de la crisis helena y que la cartera de crédito de ambas entidades –uno de los factores más a tener en cuenta a la hora de presentar colaterales, según explican expertos en la materia— era prácticamente la mitad que la de Popular en 2016.
Según informó Bloomberg, la quita que se aplicó a las entidades griegas en el marco del ELA fue del 45% del valor nominal de los activos presentados.
40.000 millones de colateral
En cualquier caso, como publicó este medio, el equipo directivo de Popular presentó al Banco de España un inventario con activos valorados en 40.000 millones de euros para que ejercieran como colateral y conseguir los 9.500 millones solicitados.
No obstante, la estricta normativa del BCE hizo que se vetaran muchas de las alternativas de liquidez, como la posibilidad de que los créditos fiscales sirvieran como garantía, lo que provocó que no se llegaran a conceder los 9.500 millones de euros requeridos. Esto no hubiese ocurrido antes de la supervisión del BCE, pues, en otras crisis de liquidez, el Banco de España llegó a admitir como garantías obras de arte e incluso mesas y sillas como como garantía.
Fue el propio subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, quien puso encima de la mesa el debate de los colaterales de Popular cuando en junio del año pasado aseguró que el banco contaba con más garantías de las que presentó, poniendo el foco sobre el expresidente Emilio Saracho.
"La entidad tenía algunos activos más, que podrían haber sido utilizados como garantías, si la entidad los hubiera movilizado a tiempo, antes de que ella misma se declarara inviable", indicó dos semanas después de la resolución del banco.
Críticas al ELA
En un artículo publicado por el propio Saracho en el diario El País, el expresidente carga duramente contra el actual esquema regulatorio de la Unión Europea y critica que no exista la figura de un prestamista de última instancia (lender of last resort) para otorgar liquidez a entidades en crisis.
"Se impuso un mecanismo muy poco transparente de provisión de liquidez extraordinaria (ELA), limitado tanto en su cuantía como en su estructuración y que por la experiencia parece más diseñada para bancos que no lo necesiten que para aquellos que estén inmersos en la situación de debilidad que les fuerza a su utilización", indicó.
Según muestran las actas de los consejos de administración de Popular, ante eventuales problemas de liquidez Saracho confiaba en última instancia en obtener ayudas públicas para salvar Popular a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y mediante emisiones de deuda respaldadas por el Estado, tal y como había sucedido previamente con el banco italiano Monte dei Paschi di Siena o como pasó después con los bancos vénetos.
