Pasaporte covid para asistir a reuniones, congresos y eventos, comedor de no vacunados... representantes de CCOO y UGT en grandes empresas vienen pidiendo o avalando que se demanden certificados de vacunación que no tienen amparo legal en el marco laboral español, según trasladan fuentes conocedoras, que apuntan que en ocasiones CGT se opone a estas prácticas, que se realizan en consonancia con los protocolos covid de compañías como Santander y Seat.
Estos protocolos los han implantado algunas grandes empresas desde la vuelta del verano. El trabajador que no comunique su certificado de vacunación a los servicios médicos de la empresa deberá hacerse una PCR semanal o diaria, según los casos, si quiere acceder al centro de trabajo, proceso que suele monitorizarse a través de una aplicación. Otras empresas obligan a realizar PCR periódicas en todo caso.
El protocolo covid de Santander, que se presentó en octubre, ha sido avalado por los sindicatos mayoritarios, a pesar de que el banco ha recibido una veintena de demandas de trabajadores por este motivo. Juan José Paredes, secretario general de la CGT en Banco Santander, señala que la entidad presentó el protocolo de forma unilateral y que CGT pidió que se dejase en suspenso mientras no se reuniera el comité de salud laboral y los representantes de los trabajadores, pero no les hicieron caso, traslada. Quien no informe de que está vacunado, está obligado a hacer pruebas de antígenos, apunta Paredes.
Afiliados a CGT, con una representación del 12% en Santander, preguntaron por el protocolo y la vulneración de derechos fundamentales, cuenta su secretario general. CGT ha sopesado presentar demanda por conflicto colectivo, lo que de momento ha desestimado por la dificultad jurídica que cree que entraña el término colectivo en un conflicto que afecta a un grupo de trabajadores.
Las demandas contra Santander alegan vulneración de derechos fundamentales por discriminación, atentado a la intimidad y violación de la integridad física por el protocolo que exigen estas empresas. Esgrimen que se incumple la normativa española sanitaria, laboral y de protección de datos, en la que la vacunación es voluntaria y no se puede pedir a un empleado que dé datos sanitarios ni discriminarle.
Las han presentado una veintena de trabajadores de Santander de distintos puntos de España, entre ellos, Madrid, Sevilla y Málaga, con vistas de los juicios fijadas para enero y febrero. Se trata de procedimientos más ágiles que los que se siguen en general en las demandas laborales al reclamarse vulneración de derechos fundamentales. Se han solicitado medidas cautelares para paralizar el protocolo que no han sido concedidas. Aunque ha habido trabajadores que han podido seguir accediendo al centro de trabajo sin hacerse PCR, no está claro que vaya a seguir así.
La luz verde de los sindicatos mayoritarios al protocolo covid de Santander se acompaña en el caso de CCOO de la petición de certificado de vacunación para reuniones y encuentros, según trasladan fuentes conocedoras.
Otras empresas con demandas de trabajadores en perspectiva son Mediaset y Endesa. En el caso de Mediaset, se acaban de presentar dos, traslada Alexis Aneas, abogado y portavoz de Liberum.
También han planteado amparo sindical tripulantes de cabina de Iberia por la política de PCR de la empresa, según ha podido saber Vozpópuli.
Estos conflictos con sus propios trabajadores llegan cuando empresas y organismos públicos exigen ya el Pasaporte Covid a clientes y proveedores. En algunos casos, analizan bonus o incentivos para los trabajadores vacunados e incluso estudian el despido del que no facilita el Pasaporte porque no puede prestar servicios a clientes que lo exigen. Santander, como el Instituto de Empresa (IE), reclama Certificado Covid para entrar en sus instalaciones.
Las prácticas de CCOO y UGT en algunas grandes empresas no parecen responder al sentir general de las centrales, que han realizado declaraciones alertando de que la vacunación no es obligatoria en España y que es ilegal preguntar por datos sanitarios.
Fuentes de CCOO consideran que "el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pese a recoger la vigilancia de la salud como voluntaria en un principio, establece una serie de excepciones cuando la salud del trabajador sea un peligro para sí mismo o para terceros. Por lo tanto, está fundamentada desde la perspectiva laboral la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en algunos supuestos, lo que no implica que se imponga la vacunación, puesto que la inoculación de una vacuna no forma parte de una vigilancia de la salud ni de un reconocimiento médico, sino que es un tratamiento que la empresa en ningún caso puede obligar a hacer".
Desde CCOO insisten en que "no se podrá despedir ni penalizar a un trabajador por no vacunarse. Esta acción se consideraría una vulneración de los derechos fundamentales, por lo que un despido por ese motivo sería declarado nulo". Pero matizan que, a su juicio, "cuestión diferente es la posibilidad que tiene el empresario de cambiar de ubicación, destino o puesto a las personas que no se vacunen en razón de las circunstancias específicas del trabajo".
Comedor separado
Trabajadores de Seat trasladaron que la empresa había creado un comedor de no vacunados. A continuación, Seat emitió un comunicado que aseguraba que había llegado a un acuerdo con los sindicatos para "establecer áreas dentro de los comedores de la empresa" que hagan esta distinción.
La empresa automovilística aseguró entonces que se trata de recomendaciones. El máximo líder sindical de UGT en Seat, Matías Carnero, afirmaba que se pretendía "garantizar la salud de quienes no están vacunados y los que sí están vacunados". Asimismo, Carnero detalló que de los 11.000 trabajadores de la planta de Martorell, cinco comieron por separado la semana anterior. Desde Seat trasladaron que el 96% de sus trabajadores están vacunados y recibieron sus dosis en la fábrica.
Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, advierte de que la existencia de un comedor de no vacunados es ilegal con la legislación vigente, por discriminatorio y porque atenta contra la intimidad de los datos de salud.
