Todo apunta a que el Gobierno aprobará este martes el Real Decreto con el plan de choque para los inquilinos de viviendas en alquiler afectados económicamente por el coronavirus.
Dicho plan impondría una moratoria de desahucio que sería de seis meses y la renovación automática de los contratos durante ese período, y una línea de ayudas y préstamos dirigida a atenuar el impacto en los propietarios. Esas ayudas y préstamos variarían en función del tipo de casero del inquilino.
El decreto y, en especial, su letra chica con sus plazos y montos, sigue negociándose, aunque fuentes ministeriales cercanas al PSOE avanzan a Vozpópuli que el acuerdo final procurará que los caseros particulares "reciban antes o después todo el dinero de las rentas afectadas" por el período bajo moratoria de desahucio, en línea con el objetivo general de la propuesta que se discutía el pasado viernes.
Las mismas fuentes, sin embargo, matizan ahora que para los grandes tenedores (más de ocho inmuebles) no habría una ayuda del 5% previa quita total de la renta, pero sí se les podrían imponer quitas parciales a las rentas percibidas, que podrían ser del 50%.
Esto es, que los inquilinos que acrediten su vulnerabilidad para acogerse a la moratoria de pagos (que podría ser cuatro meses para los grandes tenedores) tengan que devolver, luego, a los caseros, una parte de las rentas afectadas.
Cobertura a caseros particulares
En el caso de los caseros particulares, la mayor preocupación del Gobierno y del propio sector, se trataría finalmente de préstamos con cargo a fondos públicos a ser pagados por los inquilinos en los próximos años -estos plazos están bajo discusión-.
Para aquellos caseros particulares con especial vulnerabilidad (esto es, que tengan en el alquiler su principal fuente de ingresos), el Gobierno vertería los fondos de manera inmediata. De las seis millones de viviendas en alquiler en España, 5,7 millones están en manos de particulares.
La cantidad prevista para el conjunto de ayudas ascendería a los 700 millones de euros, aunque fuentes gubernamentales matizan que dicho monto podría variar al hilo de la recta final de las negociaciones, al igual que los plazos.
