CSIF, el sindicato más representativo de empleados públicos (tanto funcionarios como personal laboral), ha pedido al Gobierno que se replantee sus prioridades y amplíe la oferta pública de empleos para poder ampliar la plantilla de los servicios públicos, ya que en su opinión harían falta 106.000 empleos nuevos en los próximos 3 años.
"Reclamamos al Gobierno negociar un Plan de Recursos Humanos para reforzar plantillas. Sólo la Administración del Estado se gasta casi 56 millones al año en asesores: hay que repensar las prioridades en inversión", ha reivindicado el sindicato. "Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más", recriminan.
Para presionar al Ejecutivo, CSIF ha preparado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años en áreas como Sanidad, Educación, Justicia y Administración General del Estado, con un plan adicional para Sanidad de 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.
En concreto, creen que la Administración General del Estado necesita 43.700 plazas; la Educación, 43.393; y la Justicia, 19.299.
"Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes", lamentan.
Repensar las prioridades
Este déficit de personal choca, según CSIF, con el hecho de que "la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año".
A esta cifra habría que añadir el gasto en asesores en el resto de administraciones, como las diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. "Sirva este apunte para reflexionar sobre el destino de los recursos que destina el Estado, con todo lo que puede conllevar en estructuras paralelas, gastos superfluos, etc. y la necesidad de repensar nuestras necesidades", afirman.
Subida de sueldos públicos
CSIF ha denunciado también que desde el año 2010, cada empleado público ha perdido entre 24.611 y 53.362 euros en su nómina, "el equivalente a trabajar más de un año gratis".
Los empleados públicos con categoría A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros.
"Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente", apuntan.
Consideran que los empleados públicos "arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010", por lo que piden una "recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario".
CSIF ha señalado que el colectivo de empleados públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y "hoy sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades".
