Bruselas no está dispuesta a permitir que un país capaz de crecer a un ritmo del 3% no cumpla con los objetivos de déficit, como ha ocurrido en España en 2015. Por eso estos días estudia la posibilidad de imponer o no la primera multa a un país de la UE por no cumplir los compromisos fiscales. Con multa o sin ella, la Comisión someterá a España a un sistema de vigilancia reforzada cada tres meses, de forma que los ‘hombres de negro’ supervisarán la evolución de las cuentas.
Así lo explican diversas fuentes a Vozpópuli, que reconocen, sin embargo, que la posibilidad de que España finalmente sea sancionada no está tan clara. El próximo 18 de mayo la Comisión aprobará un dictamen negativo sobre el déficit español en el que pondrá de manifiesto que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para reducir el saldo negativo de las cuentas en 2015. A partir de este dictamen, España, que está en el procedimiento de déficit excesivo desde el año 2009, entraría en un "procedimiento agravado”, también conocido como "step up", que implica esa supervisión reforzada de las cuentas.
La Comisión ha rebajado su postura en los últimos tiempos por la desaceleración mundial y la falta de Gobierno en España
El dictamen tiene que ser ratificado por los ministros de Economía de la UE, que se reúnen el 25 de mayo, y después la Comisión decidirá si impone o no la sanción, algo que no está tan claro porque la situación ha cambiado considerablemente en los últimos meses y Bruselas no quiere perjudicar a España.
Según relatan las fuentes, la multa era algo seguro a finales de 2015, pero la desaceleración mundial registrada en la primera parte de 2016, el agotamiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el hecho de que España siga contando con un gobierno en funciones han provocado que gran parte de la Comisión haya cambiado de postura. Además, el Gobierno ha presentado medidas en los últimos meses para convencer a los más críticos.
Dura negociación en los próximos días
En cualquier caso, las fuentes aventuran una dura negociación en los próximos días porque una parte de la Comisión quiere que haya multa para que la reforma del Pacto de Estabilidad no quede en papel mojado, y otra es partidaria de no sancionar para no golpear a un país que está inmerso en un proceso electoral, y menos ahora que hay cierto consenso sobre la necesidad de suavizar las sendas de déficit para no dañar al crecimiento.
Así que las posibilidades son varias: que se imponga una sanción de unos 2.000 millones, que se fije una “multa cero” para demostrar la firmeza del Pacto de Estabilidad pero no dañar más las cuentas españolas o que se no se multe a España por el esfuerzo que sí ha hecho en la primera parte de la legislatura. Lo que las fuentes sí dan por hecho es que se pedirán nuevas medidas para quede demostrado el compromiso del país.
El PP cree que no habrá sanción ni más supervisión. “Todo quedará en agua de borrajas”, sostienen
En el Partido Popular, en cambio, esperan que no haya multa ni supervisión reforzada. Según ha señalado el eurodiputado Pablo Zalba a este periódico, todo esto quedará en agua de borrajas porque el Gobierno ha dejado claro su compromiso con la consolidación fiscal al reducir el déficit casi a la mitad en el conjunto de la legislatura.
Además, el Gobierno ha aprobado recientemente un acuerdo de no disponibilidad de gasto por valor de 2.000 millones y ha reclamado a las comunidades un esfuerzo similar para corregir el desvío de 2015. Estas medidas, según Zalba, garantizan incluso una reducción del déficit mayor a la prevista en 2016 porque el PIB crecerá más de lo planteado en el último cuadro macroeconómico.
¿Qué argumentos utilizará Guindos?
El ministro de Economía, Luis de Guindos, está dedicando todos sus esfuerzos a intentar evitar la sanción por el daño que haría al país y al partido en un momento como el actual, aunque se tratase de una multa simbólica. Para evitar la situación, Guindos se está aferrando a la evolución de la inflación en 2015, que se ha comportado de una forma muy diferente a la prevista y ha influido en la evolución de los ingresos.
Además, insistirá en que nunca antes se ha multado a otro país y en que España ha reducido el déficit a la mitad en los últimos cuatro años. En cualquier caso, si finalmente España es sancionada, el Gobierno puede recurrir la multa y pedir su anulación. Y si decide asumir la multa, podrá derivar al menos parte de ella a las comunidades por ser responsables del desfase, tal y como explicamos en Vozpópuli.
