El Gobierno lo anunció a bombo y platillo. Un plan social con una dotación de alrededor de 1.200 millones de euros para ayudar a los parados de larga duración con cargas familiares que ya no recibían ninguna ayuda. “Queremos hacer un esfuerzo, porque queremos recuperación económica con cohesión social”, explicaba la titular de Empleo Fátima Báñez en la presentación en el Consejo de Ministros del programa, el pasado19 de diciembre. Posibles beneficiarios: más de 400.000, según cifras del Gobierno. Beneficiarios actuales: sólo "unos 70.000" a mediados de junio.
Así que, a día de hoy, hay en un limbo administrativo centenares de millones de euros presupuestados para ayudas para parados con hijos. El Programa de Activación del Empleo (PAE) tiene una dotación presupuestaria de 850 millones de euros sólo para este año, según ha concretado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Pero el dinero, los 426 euros al mes durante seis meses, no está llegando a los necesitados, o al menos no a la velocidad deseada, según los sindicatos.
Cuando se firmó el acuerdo, en diciembre del año pasado, ya había unas 270.000 que calificaban para la ayuda, según el propio Gobierno. Y se estimaba que a lo largo de 2015 otras 130.000 se sumarían a esa cifra. En total 400.000 personas. Sin embargo, los últimos datos oficiales del pasado mes de mayo sitúan el total de beneficiarios en 50.000. Ya a mediados de junio la cifra ha subido a “unos 70.000”, según aseguran a Vozpópuli desde el Ministerio de Empleo. Muy lejos aún del objetivo de cobertura.
El Programa de Activación para el Empleo arrancó el 16 de enero de este año, tras la aprobación el 19 de diciembre del Real Decreto-ley 16/2014. Fue el resultado de unas duras negociaciones entre Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT. Está previsto que termine el 16 de abril de 2016.
Se da la circunstancia de que ese plan estaba considerado como una ayuda excepcional y de emergencia para capear la dureza de la crisis para las familias más desfavorecidas. Al mismo tiempo intentaba proporcionar una vía de inserción laboral. “Está destinado a las personas con responsabilidades familiares que han estado vinculadas con el mercado laboral en el pasado y que son demandantes de empleo en la actualidad pero que han quedado fuera del ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses”, se leía en el Decreto. Lo pueden recibir aquellos que lleven seis meses sin recibir desempleo, subsidio, Renta Mínima de Inserción o cualquier otro plan de ayuda como PREPARA o PRODI.
Hay centenares de millones de euros de ayudas sin usar
Desde los sindicatos dicen que la evolución del programa está siendo decepcionante y explican la baja cifra de beneficiarios a varios motivos. El primero, la opacidad informativa, falta de publicidad que ha dado el gobierno al plan entre los posibles beneficiarios. “Pedimos que se enviara una carta a cada uno de ellos informándoles de la posibilidad de acceder al plan”, explica Carlos Bravo, responsable de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones obreras. Además, el requisito de estar dentro de un itinerario personalizado de empleo depende de las Comunidades Autónomas y el grado de cumplimiento varía en ellas.
“El argumento de la opacidad es un muy peculiar”, aseguran desde el Ministerio de Empleo. “En las oficinas de empleo se les informa, hemos editado guías y se les ha dado la misma cantidad de información que con cualquier otra prestación. No hay ninguna intención por parte del gobierno en que no lo soliciten. El programa está funcionando, tiene fondos y los resultados están yendo más o menos bien. Además, el porcentaje de aceptación de solicitudes es del entorno de un 70%”, concluyen. De entre las peticiones presentadas pero no admitidas, el 29% se rechaza debido a que “no se acredita la realización de tres acciones de búsqueda activa de empleo en el plazo y forma establecidos”. En otros casos, el 10%, no han transcurrido aún seis meses “desde que se agotó el plan RAI/PREPARA/PRODI o la ayuda social”. Por todo ello, apuntan tanto desde los sindicatos como desde Empleo, la cifra puede subir en los próximos meses.
¿Cuánto se ha gastado ya de esos 850 millones de euros? La Secretaría de Estado de Empleo no da cifras, pero una estimación aproximada (426 euros x 6 meses que dura la prestación x 70.000 beneficiarios) hace ver que podría rondar los 180 millones de euros, asumiendo que la prestación se recibe por el tiempo completo. Una vez restado lo gastado en la implementación del plan (una cantidad que no precisan desde el Ministerio), se ve que quedan varios centenares de millones de euros de ayuda de emergencia que no se han utilizado aún. Es un dinero que, si no se termina gastando, podría servir para reducir el déficit del Estado.
Mapa de personas sin ningún ingreso
Aquél acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno tenía un triple recorrido. Para empezar, la ya mencionada inyección de emergencia para los más desfavorecidos. Segundo, intentar poner tutores para la búsqueda de empleo, lo que se conoce como políticas activas de empleo. El tercero era mejorar la situación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a nivel estatal. Para ello, se comprometieron a elaborar un mapa de personas sin recursos que, de momento, no ha sido completado. “Estamos trabajando en ello, pero es muy complicado, entre otras cosas porque se depende de las Comunidades Autónomas, y nos hemos querido centrar primero en lo urgente, las ayudas”, asegura un portavoz del Ministerio, que apunta a que esta, la Renta Mínima de Inserción y no el PAE, podría ser el auténtico motivo de queja de los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT están en plena campaña para la generalizar la RMI. Han presentado una Iniciativa de Legislación Popular para que se cree tal renta, por una cuantía que va desde los 11.000 millones de euros a los 17.000 millones de euros.
En la actualidad, el gasto en España en RMI fue en 2013 de 1.040 millones de euros. Cada Comunidad Autónoma tiene unas ayudas muy distintas para aquellos que no disponen de ningún ingreso. Las cuantías varían desde los 300 euros de mínimo de RMI de Murcia (con un máximo de 682 euros) o los 423 de Cataluña (máximo 645 euros) hasta los más de 660 del País Vasco (con un máximo de RMI de 945 euros), todo según la memoria del Ministerio de Sanidad, Servicios Públicos e Igualdad con datos de 2013. De media los alrededor de 258.000 receptores de estas ayudas cobraron 418 euros. Esto son 257 euros menos que el umbral de la pobreza, situado en los 676 euros por persona al mes.
