En poco más de un mes el Gobierno ha visto cómo el escenario parlamentario, ya de por sí muy complejo, deviene casi inmanejable. De fondo, una nueva amenaza para la legislatura, pero de aquí a que acabe el año el desafío es aprobar leyes fiscales que no pueden retrasar su entrada en vigor a 2025, además de la catarata de medidas y normas que se acumulan al final del ejercicio, máxime cuando no se están tramitando Presupuestos.
El tradicional paquete que se viene validando en el último Consejo de Ministros de diciembre con ayudas por la pandemia y la guerra en Ucrania es previsible que ahora se dedique a los afectados por la DANA. Será un Real Decreto-ley, que luego el Congreso deberá convalidar.
El Gobierno prevé trabajar con más de un Real Decreto-ley para facilitar la aprobación de la norma ómnibus y de dos medidas fiscales que no ha sacado adelante en el paquete fiscal: el impuesto a energéticas, según se ha comprometido con Podemos, ERC, Bildu y BNG, y la polémica subida del diésel que necesita para cumplir con la Comisión Europea. Su convalidación se prevé de infarto, en línea con la sesión del 11 de enero de 2024, en la que Junts se abstuvo in extremis a cambio de varios peajes, pero Podemos tumbó el Real Decreto-ley del subsidio de desempleo.
El pasado 30 de octubre, al día siguiente de la DANA, tras meses de estirar los plazos, los grupos registraron las enmiendas al Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, texto que el Ejecutivo había decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025.
Acuerdos contradictorios
Entonces se desveló que el PSOE había llegado a un acuerdo con el PNV y Junts por el que el impuesto a energéticas desaparecía y el de banca seguiría tres años. El resto de enmiendas del PSOE contenían una subida del diésel para equipararlo a la gasolina, la neutralización de la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la subida del Impuesto sobre Sociedades de Cristóbal Montoro en diciembre de 2016 y un gravamen a vapeadores, entre otras medidas.
El lunes siguiente cundió el desconcierto cuando se desconvocó las Comisión de Hacienda nada más filtrarse un nuevo acuerdo del PSOE, esta vez con Sumar, con medidas que no eran del agrado del PNV y Junts como el fin de las Socimi y de la exención de primas de seguros privados sanitarios, además de un impuesto al lujo y un IVA del 21% a pisos turísticos.
Tras nuevas desconvocatorias, finalmente en la madrugada del 19 de noviembre se vivió la sesión más caótica que se recuerda, con la Comisión secuestrada hasta las 0.44 horas. El Gobierno sacó adelante el Dictamen prometiendo a ERC, Bildu y BNG que intentaría aprobar el impuesto a energéticas. El esquema se repitió el 21 de noviembre en el Pleno con Podemos.
El resultado, el mismo: Junts tiene la sartén por el mango. El impuesto a energéticas no se ha aprobado y todo intento de que se apruebe mediante proyecto de ley o Real Decreto-ley como ofrece el Gobierno necesita sus votos para salir adelante. Tampoco hay que despreciar el papel del PNV, también en contra de este impuesto o al menos de una versión que no sea muy suave.
Junts ha hecho bandera en contra del impuesto a energéticas y parecía difícil que lo avalara, pero fuentes empresariales planteaban que si se le garantiza que no afectará a inversiones en Cataluña dará su brazo a torcer. Esta previsión puede saltar ahora por los aires. El PP viene desarrollando una estrategia de seducción de los socios conservadores de Sánchez que este lunes ha cristalizado en una enmienda transaccionada con Junts al Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que suspende el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y que ha contado hasta con el aval de ERC.
Guerra entre el PSOE y el PP
El Gobierno busca fórmulas para evitar que la suspensión del impuesto prospere. De momento, la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso que se ha reunido a última hora de la mañana de este martes de urgencia ha paralizado la tramitación, que queda sin fecha, según fuentes de la Presidencia de la Mesa.
El Ejecutivo maniobra para anular la enmienda transaccional del PP y Junts incorporada a la Ponencia, que deja en un tipo 0 este impuesto, actualmente en el 7%. Se incorporó porque el veto del Gobierno no prosperó por faltar una persona en la Mesa.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, advierte en LinkedIn de que el veto podría aplicar en sentido literal, pero no si se interpreta el artículo 134.6 de la Constitución según su sentido y finalidad, ya que eliminar este impuesto no tiene impacto presupuestario porque se reducen al mismo tiempo los ingresos y los gastos públicos.
Entre las fórmulas que baraja el Grupo Socialista para tumbar la enmienda, está la introducción de votos particulares, como ya se ha hecho con el paquete fiscal, según fuentes conocedoras. Para lo que habría que convencer a ERC, por ejemplo, que ha votado a favor de la enmienda junto con PNV y Vox, para que cambie el sentido de su voto.
Por su parte, el Grupo Popular ha registrado un escrito en la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que denuncia que esta decisión "arbitraria y anti reglamentaria por parte de la presidenta Narbona" sólo tiene una lectura política que no es otra que “ganar tiempo para recomponer la mayoría” que apoya al Gobierno y que en esta ocasión no ha acatado fielmente sus instrucciones.
Sin embargo, insiste, esta circunstancia "no puede conllevar la obstaculización de un procedimiento legislativo porque al Gobierno no le gusta lo que la mayoría parlamentaria ha decidido y necesita tiempo para negociar con sus socios habituales para hacerles cambiar de opinión".
Dos leyes en el aire
El Proyecto de ley del impuesto mínimo y el que regula el régimen del comercio de derechos de emisión deben estar aprobados a finales de año para que entren en vigor el 1 de enero, según se ha comprometido el Gobierno con la Comisión Europea. Si el primero no entra en vigor el 1 de enero, se producirá además un descalabro para las empresas españolas, ya que incrementará los costes para las filiales en el extranjero, que estarán en desventaja respecto a las de otros países.
Por este motivo, el Congreso podría ampliar su calendario y habilitar Plenos a finales de diciembre.
A los desencuentros que han surgido esta semana se añade una nueva estrategia del PP que puede complicar la aprobación del Proyecto de impuesto mínimo. El Grupo Popular ha registrado una batería de enmiendas en el Senado del agrado del PNV y de Junts. De esta forma, en lugar de vetar los proyectos que vienen del Congreso, lo que luego éste levanta, introduce cambios que pueden atraer a los socios conservadores del Gobierno y enmarañar su aprobación final.
pablomarseca10
11/12/2024 18:10
Parece que algunos no ven el esfuerzo que se hace por transformar el sector. De verdad creo que subir impuestos en este momento solo añadiría más presión y ralentizaría el progreso...
raquel.colab.1984
11/12/2024 21:28
la obsesión que hay por poner impuestos ultimamente es de locos, las empresas tienen que poder respirar, por no hablar del ciudadano. hay que potenciar el crecimiento de los sectores productivos y españa es un pais perfecto para las energías renovables, les tienen que dejar trabajar sin ponerles palos en las ruedas
jalvarezl
11/12/2024 21:57
Yo cambiaría el titular: "El Gobierno jugará de nuevo con el porvenir del pueblo en una votación 'indecente' en enero"
1969piki1969
11/12/2024 23:23
Me escandaliza leer como los ladrones llegan a pactos sobre el botín, que es nuestro bolsillo. No me acostumbro a que nos esquilmen a los administrados sin pudor ni vergüenza. Sin derecho siquiera a la pataleta. De verdad que es para hacérnoslo mirar. Lo normalizamos de una forma sorprendente. Ahora bien....cuanto más difícil se pone el asunto, más están dispuestos a entregar. Porque la cosa no va de gobernar sino de quedarse en la silla a cualquier precio, no?