Pedro Sánchez volverá a levantar la bandera de la vivienda una vez pase el sacudón de la DANA y el regreso de Donald Trump al mando de los EEUU. El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE ha apadrinado una nueva agenda 2030 que la formación socialista pondrá de relieve en su Congreso Federal 41º - a realizarse en principio a finales de mes en Sevilla- y que tendrá al acceso de los jóvenes y las familias a un hogar como gran eje.
La hoja de ruta socialista que marcará esta y una eventual próxima legislatura se fija el objetivo ya concreto de alcanzar en España para 2030 "al menos" una cuota del 6% para la vivienda social, que actualmente ronda el 2,5%. Una meta que conlleva la necesidad de que se pongan en el mercado, a lo largo de los próximos seis años, unos 400.000 pisos, con las consabidas dificultades presupuestarias para hacerlo de forma exclusivamente pública y las limitaciones de rentabilidad que tienen los proyectos a precio protegido de forma perenne. Para dimensionar dicha cifra, baste recordar que la producción anual de viviendas en España ronda actualmente las 100.000 casas en total, incluyendo el mercado libre.
Por lo pronto, cabe incluir en la cartera objetivo las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez en la campaña electoral de 2023, todas ellas en una fase de desarrollo apenas incipiente a día de hoy. La vía con la que pretende el Gobierno alistar estas viviendas pasa fundamentalmente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la línea de 4.000 millones en préstamos del Instituto de Crédito Oficial (43.000 viviendas), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (unas 36.000), los fondos europeos Next Generation (25.000), el Plan Estatal de Viviendas (algo más de 14.000) y convenios con entidades locales. Paralelamente, el proyecto para esta legislatura descansa en unas 50.000 hipotéticas viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria y 11.000 viviendas del Fondo Social.
Dificultad para sacar adelante la primera parte del plan
La agenda 2030 del PSOE sugiere un proyecto similar al anterior para la siguiente legislatura, lo que abre otros interrogantes -por ejemplo, ¿qué pasará cuando ya no estén los fondos europeos Next Generation?-. Por lo pronto, fuentes del mercado promotor consultadas por Vozpópuli ponen en cuarentena el mismo plan de las 184.000 viviendas por ciertas dificultades que están encontrando a la hora de 'vender' los proyectos abiertos a privados a inversores institucionales a nivel internacional, tanto por las condiciones impuestas al plan de negocio y al sistema de financiación por el lado privado como por el propio atractivo (o no) de los suelos.
Estas cuestiones amenazan con dificultar el recorrido entre grandes capitales internacionales -la principal vía de financiación de las grandes inmobiliarias nacionales- tanto del tramo financiado por el ICO como del Proyecto Viena que acaba de poner en marcha Sareb, según advierten fuentes del segmento de la grandes promotoras. Sin ir más lejos, las mismas administraciones públicas compraron apenas unos centenares de las 21.000 viviendas ofrecidas por el banco malo al cabo del primer año tras su nacionalización. Por su parte, el propio Estado solo fue capaz de añadir 244 casas al parque social entre julio de 2023 y septiembre de 2024 en el marco del vigente Plan Estatal de Vivienda.
¿Mayor cercanía con promotoras y constructoras nacionales?
Las suspicacias en torno a la antigua cultura del 'pelotazo' y la posición ideológica de una parte del Ejecutivo frente a los fondos de inversión internacionales han complejizado la apuesta por la colaboración público-privada, que hasta ahora no ha sido capaz de terminar de despegar a nivel general en un marco de creciente regulación sobre los arrendadores -en especial, los grandes tenedores- reflejado en su mayor expresión en la Ley de Vivienda. Esta última línea, de hecho, el PSOE pretende profundizarla facultando a los ayuntamientos para declarar zonas tensionadas por su cuenta, desarrollando nuevos impuestos a terceras viviendas y limitaciones a usos alternativos e impulsando un registro europeo de inversiones inmobiliarias internacionales.
Lo anterior reviste una serie de circunstancias que abocan, según ya se descuenta en algún sector del mercado, a un mayor nivel de acercamiento del Ejecutivo con el concreto sector de las empresas promotoras y constructoras nacionales -varias de estas últimas participan de grandes programas de vivienda pero en el extranjero. En esa línea se inscribirían incipientes pero crecientes facilidades financieras y un plan de choque en materia de mano de obra e inmigración, así como una eventual creación de un fondo para vivienda pública con cargo, por ejemplo, a un incremento en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, "como se ha hecho en otros países que son modelos actuales" -el caso de Viena-, según apunta un importante empresario del sector. Como informó ya este medio, el mejor amigo personal del presidente, Iñaqui Carnicero, ha asumido el liderazgo en las conversaciones con el sector promotor desde su rol de secretario de Agenda Urbana.
Desde el propio PSOE ya avanzan que sus líneas de actuación en este sentido pasarían por el impulso definitivo a "una reforma de la Ley del Suelo" que agilice licencias, la creación de "incentivos fiscales" para la construcción de obra nueva y la rehabilitación de edificios destinado a este fin o para quienes rehabiliten y pongan sus viviendas vacías en alquiler a un precio asequible, la habilitación de "suelos dotacionales" y el fomento a la construcción industrializada de la mano de la nueva Orden Ministerial que regula las tasaciones, la promoción "en Bruselas de una reforma legislativa para que los fondos de cohesión y las 'ayudas de estado' financien la construcción de vivienda pública" y la implantación de "un seguro público contra impagos y desahucios que aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos".
