La nueva ayuda de 426 euros que prepara el Gobierno para los parados que hayan agotado sus prestaciones únicamente cubrirá a unos 400.000 desempleados, según han pactado en las últimas conversaciones los sindicatos y el Ministerio de Empleo. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, en la actualidad hay unos 728.000 hogares que no perciben ningún ingreso, por lo que el nuevo subsidio en principio tan sólo cubriría a la mitad de esas unidades familiares desprovistas de rentas.
Los representantes de las centrales sindicales acudieron este martes por la tarde al Ministerio de Empleo con el fin cerrar los últimos flecos del nuevo subsidio diseñado para los desempleados de larga duración, una propuesta que este miércoles será a su vez discutida con las Comunidades Autónomas, cuyos servicios de empleo deberán dar un tratamiento personalizado y plantear un itinerario individual a los beneficiarios. Pese a la dificultad, la idea es que la prestación siempre se vincule a un plan para reincorporar al parado al mercado laboral.
Historia de una negociación
Al inicio de las conversaciones, los sindicatos habían puesto sobre la mesa una cobertura de doce mensualidades que pudiese alcanzar a los desempleados que hoy tienen en su mayoría cargas familiares y una baja cualificación, de forma que prácticamente se extendiese hasta los cerca de 800.000 hogares sin ingresos estimados por el INE.
El coste total de esta propuesta se estimaba en unos 5.000 millones de euros, justo lo que aproximadamente se calcula que puede bajar el gasto en desempleo durante el próximo 2015. Sin embargo, si bien estaba dispuesto a aumentar ligeramente la cantidad en función de las cargas familiares, el Gobierno sólo quería brindar unos 399 euros durante seis meses a los parados que llevasen un año sin cobrar una sola ayuda, unos criterios que reducían sensiblemente el universo de posibles perceptores hasta el entorno de los 250.000 ó 300.000 desocupados.
Pero los sindicatos han presionado para que la prestación se suba y para que la condición de haber pasado un año entero sin cobrar una sola ayuda sea rebajada hasta los seis meses. Y el Gobierno ha aceptado ambas exigencias a cambio de que los sindicatos transijan con que la prestación sólo pueda durar seis mensualidades.
Bajo este esquema, el importe se ha subido hasta los 426 euros, el parado debe haber estado seis meses sin obtener ayuda alguna y el coste presupuestario podría rondar los 1.250 millones de euros frente a los cerca de 5.000 millones que propugnaban los representantes de los trabajadores.
Los requisitos
El programa estará en vigor hasta marzo de 2016, en lugar de finales de 2015 tal y como se planteaba al comienzo. La nueva red de protección será un complemento al sistema contributivo para los parados que hayan cotizado, tengan familiares a su cargo, no dispongan de ninguna otra prestación o ingreso y acrediten que buscan empleo de manera activa. Se trata así de evitar que una oleada de amas de casa intente aprovecharse y se apunte a la ayuda.
Para los casos de especial necesidad con independencia de que haya trabajado o no, existen las rentas mínimas de inserción que conceden las Autonomías. Éstas básicamente consisten en ayudas sociales brindadas de acuerdo a diversos criterios y duraciones y que pueden variar desde los más de 600 euros del País Vasco a los 300 euros de Murcia. De ahí que sea necesario establecer y delimitar muy bien mapa de las ayudas al objeto de que éstas no se solapen y se destinen a los que verdaderamente las necesiten, alega el Ministerio de Empleo. Muchas veces los ayuntamientos también disponen de flotadores de este tipo.
Como pidió la patronal, el Ministerio que encabeza Fátima Báñez también contempla ahora que esta nueva ayuda se pueda compatibilizar de alguna forma con un puesto de trabajo, de modo que además sirva para facilitar la incorporación al mercado laboral de estos desocupados.
Sitiado por los escándalos y lastrado por tres largos años de austeridad fiscal, el Gobierno de Mariano Rajoy necesita dar un vuelco a las encuestas y trasladar algún guiño social de cara a las elecciones que se avecinan. Por mucho que el Ejecutivo pueda vender una recuperación, las profundas desigualdades generadas por la crisis constituyen uno de los problemas más acuciantes de la sociedad española. Por su parte, los sindicatos buscan recuperar la influencia e imagen perdidas.
