El Gobierno aprobó el pasado viernes el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2016, con un presupuesto de 5.265 millones de euros, 477 millones más que el año pasado. Según el Ministerio de Empleo, este plan supone la consolidación del nuevo modelo de políticas activas aprobado sobre los principios de la evaluación y la orientación hacia los resultados. Sin embargo, los sindicatos no opinan lo mismo. Para ellos parte de un diagnóstico del mercado laboral erróneo, ignora voluntariamente las recomendaciones de la Comisión Europea y las aportaciones enviadas por las organizaciones sindicales y se aleja cada vez más de la Estrategia 2020 en materia de empleo y de reducción de la población bajo el umbral de la pobreza.
Las razones de los sindicatos
Una de las cosas que más critican los representantes de los trabajadores es que no se han tenido en cuenta sus alegaciones en los textos finales, puesto que el Gobierno ha aprobado sin modificar el primer plan que presentó en abril ante el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, sin tener en cuenta ninguna de las aportaciones que los interlocutores sociales. ¿Qué decían entonces los sindicatos? Vozpópuli ha tenido acceso al texto íntegro que enviaron al Gobierno y en el que recordaban al Ejecutivo que lleva años impidiendo a los agentes formar parte de la elaboración del PAPE de cada ejercicio.
La primera crítica que hacen los sindicatos del plan de Báñez es que es una mera recopilación de los servicios y programas a desarrollar por las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto hace que el plan se perciba más como un “compendio” de lo que se ofrece en España en relación a las políticas activas de empleo, que como un plan orientador con objetivos, instrumentos y medidas para una adecuada coordinación y ejecución de estas políticas. Y ésta es precisamente la función que debería desempeñar.
Creen que el plan parte de un diagnóstico del mercado laboral erróneo, que ensalza los buenos resultados y esconce los problemas más graves
Esta circunstancia hace que no se pueda realizar un análisis y seguimiento del plan, ya que no se detalla la información mínima requerida para conocer en qué consisten los servicios y programas. Además, tampoco se evalúan los resultados reales de las acciones y medidas ejecutadas por las CCAA y el SEPE en años previos, ni se parte de un diagnóstico preciso de la situación del mercado de trabajo. Es más, en el documento los sindicatos aseguran que el Gobierno parte de una “foto distorsionada” del mercado laboral español, con un diagnóstico que ensalza los buenos resultados logrados y esconde los “graves problemas” de los que adolece.
Otra de las críticas es que el plan incluye por segundo año consecutivo una cartera común de servicios en cuyo diseño no participaron los agentes sociales. De hecho, el nuevo plan reproduce casi exactamente el plan de 2015, sin aportar nada nuevo. Además, se especifican los servicios de esta cartera, pero no se detalla quién los prestará, cómo se prestarán y cómo se evaluarán, entre otras muchas cuestiones. Además, el Gobierno se comprometió a hacer una evaluación periódica del coste, eficacia, eficiencia, satisfacción de los usuarios, efectividad y utilidad de los servicios, con una Comisión establecida al efecto. Y tras más de un año de vigencia no se ha elaborado.
Los sindicatos tampoco están conformes con los servicios y programas más específicos del plan. Es más, en este punto critican especialmente el programa de acción conjunta para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración y aseguran que el Gobierno no ha recogido las últimas recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea en este sentido. Además, aseguran que el Gobierno finalmente eliminó de la propuesta original dos puntos importantes: criterios para la distribución de fondos y la referencia y descripción de los indicadores que iban a permitir realizar el seguimiento y evaluación del programa.
Los sindicatos creen que la financiación es escasa, sobre todo la de algunas partidas como la de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
Tampoco están de acuerdo con la financiación del plan, a pesar de que aumenta la partida respecto a 2015. Según los representantes de los trabajadores la dotación para modernizar los servicios públicos de empleo es muy escasa y, en cambio, se potencia la participación de las agencias privadas de colocación y de servicios en materia de empleo de carácter privado. Esto demuestra, según recoge el texto, que el Gobierno no tiene ninguna intención de mejorar los servicios públicos a pesar de sus declaraciones.
Como ejemplo, los sindicatos aseguran que el eje dedicado a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo está dotado presupuestariamente sólo con 960.180 euros, siendo la partida más exigua y quedando a gran distancia del resto de las partidas presupuestarias, que oscilan entre los 27 millones de euros y los 2.251 millones de euros. “Esto es indicativo de la falta de prioridad que da el Gobierno a la eliminación de la desigualdad y discriminación en el mercado de trabajo”, sostienen.
Finalmente, los sindicatos denuncian también que el Gobierno no incluya una distribución del presupuesto entre las diferentes comunidades, su cuantía global y su presupuesto por programas. Además, insisten una vez más en la necesidad de mejorar el derecho de consulta mediante la participación de los interlocutores sociales y posibilitar la realización de propuestas en fases anteriores a su presentación en el Consejo de Ministros. Y reclaman un verdadero sistema de evaluación del plan, algo fundamental para mejorar los próximos proyectos.
