Un 72% de las empresas españolas reconoce que la política ha tenido un "efecto negativo" en su negocio, lo que le ha llevado a paralizar sus decisiones de inversión debido a la incertidumbre y también a posponer la contratación de personal.
Así se desprende del informe Perspectivas España 2020 realizado por la consultora KPMG en colaboración con la CEOE, en el que han entrevistado a más de 2.000 directivos de empresas de todas las comunidades autónomas.
La incertidumbre política no es lo único que les ha afectado de forma negativa, sino que las empresas dicen haberse sentido perjudicadas por algunas medidas concretas del Gobierno de Pedro Sánchez.
En concreto, un 71% lamenta que la subida de las cotizaciones sociales que tienen que pagar por sus empleados les ha afectado negativamente. Una medida que se repetirá de nuevo este año.
Perjudicadas por el registro horario y el SMI
El 46% se queja de que le ha perjudicado la obligación de establecer el registro del horario laboral, a un 33% le ha afectado negativamente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, y un 32% se ha visto perjudicado por la supresión de algunas modalidades de contratos temporales.
Es menor el impacto de los nuevos requisitos de reporte de información no financiera, que ha perjudicado sólo al 25%; las medidas adoptadas para impulsar la igualdad de género en las empresas, perjudiciales para el 9%; y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, negativo para el 9%.
La mitad de los encuestados fija como prioridad que se bajen los impuestos"
Los directivos le piden al nuevo Gobierno de coalición que priorice la eficiencia del gasto público (un 62% cree que debe ser lo más importante), aunque para un 51% la prioridad debe ser la "disminución de la presión fiscal", algo que difícilmente van a conseguir con un Ejecutivo que ha prometido incrementar los impuestos para poder asumir más gasto público.
En materia fiscal, un 66% pide incentivos fiscales a la inversión, algo que también parece difícil dado que el Ejecutivo está estudiando acabar con las bonificaciones por inversión en I+D -algo que le ha recomendado Bruselas y que está estudiando la Airef-.
