Los técnicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) llevan varias semanas trabajando a contarreloj en el informe más esperado por la industria energética. El Gobierno les dio un mes para realizar una consulta pública y el mencionado informe con las soluciones para paliar el mayor problema del sector, el déficit de tarifa, que además, se está convirtiendo en un problema financiero. El plazo ya se ha superado, las eléctricas están impacientes, y a esto hay que sumar, que los técnicos están trabajando además, bajo la presión y la incertidumbre en relación a la ley sobre el regulador único que prepara el Gobierno. 

Cierto es que a nadie le ha sorprendido el anuncio del plan de la reordenación de los reguladores, pero su llegada en un momento clave ha causado malestar. Sobre todo por la incertidumbre que ha generado el propio anuncio por parte de la vicepresidenta, con el titular de recortes, ahorro de costes, posible movilidad de la plantilla, sin dar mayor detalle. En la CNE, como en el resto de los reguladores (el de las telecomunicaciones, la CMT, competencia, la CNC...) siguen a la espera de que el Gobierno, y el equipo de trabajo que se ocupa de diseñar los ajustes den un paso más claro. Además, dentro del regulador energético sorprende que al ministro de Industria, con competencia en el mercado de las telecomunicaciones, energía, turismo y comercio, le hayan dejado fuera del mencionado equipo de trabajo.

Mientras eléctricas, gasistas, renovables, nuecleares, hidrocarburos, distribuidoras, gestores de redes, almacenamientos...  Toda la industria energética está pendiente del informe que los técnicos de la CNE, la Comisión Nacional de la Energía, preparan a contrarreloj el informe con las claves para solucionar el problema. Tradicionalmente, los informes de la CNE se ciñen por motivos técnicos, por lo que sus soluciones y puntos de vista a los diferentes problemas del sector suelen encojer de hombros a los politicos. Pero en esta ocasión, gran parte de la industria y del mercado tienen la sensación de que el Gobierno del PP va a dar luz verde a mucha de sus propuestas. Muchas de las compañías confían en esto, porque el nuevo secretario de Estado, Fernando Martí -con el que han mantenido contactos casi todos los agentes del sector-  ha sido consejero de la CNE.

No obstante, el sector sigue muy activo. Los intereses de unos y otros chocan. Y nadie pierde oportunidad para subrayar al Gobierno que la solución pasa por presionar al del otro bando. Las eléctricas (Iberdrola, Endesa...) siguen con su guión de que es necesario una revisión de los costes de las renovables; éstas se anclan en que las tradicionales llevan años recibiendo dinero de precios regulados y siempre con revisones a alza; los gasistas temen que se produza un nuevo déficit en su sector si aumentan las infraestructuras -a su juicio innecesarias- y piden que el Gobierno anime el consumo de gas; las nucleareas aplauden el no cierre de Garoña pero insisten en que las inversiones no están amortizadas para evitar una futura tasa... Las eléctricas, que financian el déficit, son las que más inquietud muestran ante este panorama (incluso Endesa ha propuesto que el déficit lo financie el Ico). Pero tendrán que tener paciencia. La última palabra la tiene el Gobierno y antes los técnicos de la CNE tienen que dar su informe -que está al caer-.