La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmaba el pasado lunes que había llegado el momento de comenzar a reducir el plazo en el que el Ayuntamiento de la capital de España estaba pagando a las compañías con las que contrata. Un discurso relacionado con el malestar existente entre las empresas del sector, que han contemplado con estupor como la horquilla de tiempo se ha ido ampliando hasta alcanzar los 12 meses.

Y además del tremendo desequilibrio que originan en sus cuentas, las compañías también se sienten agraviadas por la comparación con el Ayuntamiento de Barcelona, que en este punto marca una notable diferencia, ya que está pagando a una media de 45 días. Es más, el Consistorio barcelonés ultima un plan para tratar de reducir incluso este plazo para situarlo en tan sólo un mes.  

La pelota se encuentra ahora en el tejado del gabinete que encabeza Botella. El malestar entre las empresas es evidente, lo que ha llevado a la alcaldesa a tratar de poner solución a un problema que amenaza con enquistarse.

Sin embargo, con ser grave, la situación es aún peor en algunos municipios de la provincia de Madrid, donde los retrasos son más cuantiosos por cuanto las cuentas de los ayuntamientos arrojan una situación próxima a la quiebra.

Las grandes empresas constructoras han detallado en sus resultados anuales las deudas que mantienen con ellas las Administraciones Públicas, una cantidad que se eleva por encima de los 5.000 millones de euros. “Si la situación es complicada para grandes corporaciones, cabe imaginar cómo será para las pequeñas y medianas empresas a las que el retraso continuada de una factura”, asegura un consultor especializado en el sector.

La situación del Ayuntamiento de Madrid  es especialmente llamativa por cuanto es sin ninguna duda el más endeudado de España, con una cifra que supera los 7.000 millones de euros y que le ha llevado a que su calificación crediticia haya descendido de forma notable, especialmente en la etapa de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Consistorio.