“Me sorprendió mucho que el Gobierno hiciera una consulta pública. No lo entiendo, por su complejidad y por el poco plazo”, explicó ayer Eduardo Montes, presidente del lobby de las cinco poderosas eléctricas, a preguntas de Vozpópuli. “Este Gobierno me tiene despistado. No sé si hará caso al informe de la CNE, que es no vinculante, o no”, añadía.

Tradicionalmente, los Gobiernos han eludido mucha de las recomendaciones radicales que el regulador ha venido insistiendo para ajustar el déficit de tarifa, como son subidas fuertes de la luz. El mayor temor, dada la dimensión del problema, es que la CNE recomiende una quita sobre los 10.000 millones de euros que las eléctricas aún arrastran en sus balances (pendiente de titulizar en el mercado). Es cierto que sólo son recomendaciones, pero una solución así desde el regulador reabriría sin duda el debate del que las eléctricas no quieren ori ni hablar.

Entre hoy miercoles y mañana, el consejo del regulador energético CNE -todos sus miembros nombrados a propuestas del PSOE, PNV y CIU-, debatirán y analizarán el informe sobre el déficit de tarifa que el Gobierno le encargó hace unas semanas. Agotando el final del plazo, la CNE tiene sobre la mesa las conclusiones finales a las que han llegado los técnicos del regulador, después de haber recabado y estudiado con minuciosidad las soluciones que decenas de asociaciones y empresas, grandes y pequeñas, consumidores, minoritarios, etc han aportado en la consulta pública. 

El Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que su solución pasa por que las tres partes implicadas –consumidores, Estado y operadores- asuman una parte. Para Unesa, asumir su parte es cobrar todo lo que le deben. Para frenar que se sigua produciendo el déficit de tarifa (por ley no puede superar los 1.500 millones de euros este año y deberá ser cero en 2013), el Gobierno está revisando todos los costes del sistema (distribución, renovables, transporte...). El ministro de Industria, José Manuel Soria, señaló que el Ejecutivo está trabajando en un paquete integrado de medidas para el sector energético, con el fin de resolver la tasa de acumulación anual y el déficit de tarifa.

En medio de la tensión, Unesa presentó ayer a la industria el informe económico que tradicionalmente edita todos los años. Pero este año, la patronal ha destinado mayores esfuerzos económicos para dicho informe ya que sus tesis han contado con el aval de tres grandes auditores, PWC, Ernst& Yoing y KPMG. Su idea principal es que los retornos de rentabilidad de las eléctricas en su actividad en España son del 4,5%, inferior a los costes de financiación del 6,3% -gran parte de ellos, generados por el déficit de tarifa-.