El antiguo palacete de los Urquijo que se ubica entre las calles Alcalá y Barquillo, en la capital madrileña, ha sido azotado varias veces por huracanes de la intensidad de Irma. Vientos fuertes, arremolinados y de rumbo imprevisible que han ocasionado destrozos de consideración.
Allí se encuentra desde hace cuatro años la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo que tiene las horas contadas y cuyo día a día ha estado condicionado por varios fallos graves de funcionamiento y gobernanza, por sus evidentes limitaciones presupuestarias y de personal; y por un fuerte conflicto interno que en varias ocasiones ha hecho que vuelen cuchillos en las reuniones entre sus consejeros.
Por este organismo pasan cada año decenas de asuntos que afectan a las más grandes empresas del país y a los consumidores. Sus decisiones influyen en temas tan dispares como el desarrollo de la red de fibra óptica, el precio de la electricidad, las tarifas aeroportuarias o la cantidad de partidos y series de televisión que puede ver un abonado a una televisión de pago. Los cientos de resoluciones que han firmado sus consejeros han servido para desmantelar cárteles de precios, para marcar la senda por la que se deben mover los sectores que conforman la 'nueva economía' o para modular la acción de compañías petroleras, eléctricas o telefónicas. De ahí que sus interferencias internas resulten preocupantes, cuanto menos.
Lo que ha ocurrido en su seno durante los últimos años no puede definirse como un hecho excepcional en España, donde las nuevas Instituciones se suelen presentan entre fuegos artificiales y discursos grandilocuentes que se despliegan para intentar ocultar algo evidente: que algunos de estos organismos están construidos con decorados de cartón piedra. De hecho, en muchos casos su independencia suele estar condicionada por su carencia de recursos económicos y humanos. Y, lo que es más grave, la composición de sus Consejos suele estar sometida a las cuotas políticas.
Algunos consejeros contrarios con Marín Quemada le han acusado de "secuestrar la Institución" y coaccionar su labor mediante procedimientos "que vulneran el ordenamiento jurídico".
En la CNMC, han sido especialmente condicionantes sus problemas de orden interno. Algunos han trascendido a través de las declaraciones de su presidente y representante institucional, José María Marín Quemada. Otros, se han aireado en votos particulares que han sido interpretados dentro del organismo como auténticas declaraciones de guerra, pero que en algunos casos han dejado en evidencia la mala praxis de algunos de sus miembros.
Hace unas semanas, la Audiencia Nacional se pronunció a favor de Repsol y anuló una multa de 22,6 millones de euros que recibió en 2015 por su política de fijación de precios y de descuentos en las gasolineras.
La Sala de Competencia impuso la sanción a Repsol S.A., la matriz del grupo, cuando la empresa que cometió las infracciones fue Repsol Comercial de Productos Petrolíferos. Los consejeros Benigno Valdés y Fernando Torremocha advirtieron de este hecho antes de que la CNMC tomara la decisión y, a posteriori, lo reflejaron en sendos votos particulares. Incluso la propia compañía petrolera lo hizo durante el periodo de alegaciones. Sin embargo, estas consideraciones no fueron tenidas en cuenta y eso hizo que la Audiencia Nacional revocara la multa por un defecto de forma en la resolución.
Este tipo de fallos han provocado que varias de las sanciones del regulador hayan sido tumbadas por la justicia. Sin ir más lejos, el pasado 7 de septiembre, el mismo tribunal anuló una de 25,8 millones de euros relativa a los contratos de permanencia de Telefónica. Algunos de los argumentos que utilizó la Audiencia Nacional para justificar su sentencia habían sido señalados en su día por Fernando Torremocha. Se puede pensar que las empresas cuentan con potentes equipos de astutos abogados, capaces de voltear la ley tantas veces como sea necesario. Pero también se puede deducir que hay algo en la Sala de Competencia de la CNMC que no funciona como es debido.
Sanciones anuladas
El PSOE pidió hace unos días la comparecencia urgente en el Parlamento de Marín Quemada para que aclare los hechos que han motivado estos varapalos judiciales. El pasado octubre, el presidente del regulador quitó hierro al asunto en una comparecencia parlamentaria, al asegurar que la CNMC ha cobrado el 80% de las sanciones que ha impuesto.
El dato no resulta tan optimista si se expone desde un punto de vista cuantitativo, puesto que este organismo sólo ha recaudado 29,81 de los 914 millones de euros que suman sus multas. Es decir, el 3% del total. Así se especifica en un informe que remitió la CNMC al Congreso de los Diputados hace unas semanas.
En la citada comparecencia de octubre de 2016, Marín Quemada aseguró que el organismo que preside es joven y, por tanto, tiene algunos fallos de funcionamiento más o menos lógicos. Algunos han sido aprovechados por las empresas reguladas para librarse de pagar unos cuantos millones de euros por la vía judicial. Pero otros han dificultado enormemente el día a día de su Consejo y de las salas de Competencia y Supervisión Regulatoria.
Hubo un discurso que pronunció el presidente en la Fundación Rafael del Pino hace más de dos años que cayó como un jarro de agua fría entre los miembros del Plenario. Básicamente, porque reclamó al poder político que a la hora de elegir a los consejeros del organismo tuviera en cuenta su independencia y su capacidad para desarrollar dicha función. Dentro del Consejo, donde algunos de sus miembros han sido señalados por varios medios de comunicación por ser serviles con el Gobierno y por estar del lado de las grandes empresas, estas palabras fueron interpretadas como una puñalada trapera. De hecho, así se lo recriminaron al presidente en un Pleno, para que constara en acta.
Los contrarios a Marín Quemada le acusan de “secuestrar la Institución” y de emplear un estilo autoritario para dirigirla. Fuentes próximas a estos consejeros se remiten al voto particular que presentó Torremocha el pasado febrero a la sanción de 75 millones de euros a Renfe y Deutsche Bahn. En su texto, denunciaba que el presidente le “coaccionaba” por incluir en el orden del día de las reuniones de la Sala de Competencia un punto realmente sorprendente: el análisis de los votos particulares del consejero Torremocha. ‘La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte’.
Ciudadanos propuso hace unas semanas que los nombramientos de los reguladores sean tramitados a partir de ahora por un ‘Consejo de Sabios’ para acabar con el "amiguismo".
Este conflicto de intereses se ha escenificado recientemente en el organismo, después de que trascendiera que Ángel Chamorro –Director de Transportes y del Sector Postal- será propuesto próximamente por el Gobierno como nuevo consejero de la CNMC.
Entre una buena parte de los consejeros y directores de área, la noticia fue acogida con satisfacción, al considerar a Chamorro como un profesional eficiente. Pero los más cercanos al presidente vieron en esta decisión un intento del ministro de Energía, Álvaro Nadal, por situar a otro peón dentro del organismo que ni matice ni contradiga las decisiones ministeriales en materia de energía o telecomunicaciones. Es decir, consideran que es otra maniobra orquestada desde el Ejecutivo para restar independencia a la Institución.
Otras fuentes gubernamentales niegan la mayor al respecto y califican estos argumentos como de “una teoría de la conspiración”. En cualquier caso, no sería la primera vez que un asunto relacionado con la CNMC hace saltar chispas entre ministerios.
Para evitar estas suspicacias –teóricamente-, Ciudadanos propuso hace unas semanas que los nombramientos de los reguladores sean tramitados a partir de ahora por un ‘Consejo de Sabios’ que estaría compuesto por un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (contencioso-administrativo), un consejero permanente del Consejo de Estado, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un exjuez o abogado que haya ejercido en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y un catedrático de universidad.
Esta tarea la realizan actualmente los partidos políticos y, como es lógico, cada cual intenta arrimar el ascua a su sardina. De hecho, Ciudadanos propuso antes del verano a María Canedo para desempeñar el puesto de consejera de la CNMC. En otras palabras, no renunció a participar del sistema que quiere tumbar porque, a su juicio, fomenta el “amiguismo”. La realidad volvió imponerse al wishful thinking.
La formación naranja, junto con el PSOE y el Ejecutivo, trabajan desde hace varios meses en la división del organismo en dos entidades independientes: una responsable de los asuntos de Competencia; y otra del control y regulación de los mercados. Su funcionamiento no será mejor que actualmente si los partidos no hacen las modificaciones legales necesarias para mejorar su gobernanza y si los Presupuestos Generales del Estado siguen sometiendo al regulador a unas limitaciones económicas y de personal que, a todas luces, resultan muy penosas.
