El Ministerio de Fomento, a través de Adif-Alta Velocidad, ha encargado un estudio que le ayude a determinar la rentabilidad financiera y socioeconómica de distintos corredores de AVE. Para tal fin, el departamento que dirige Ana Pastor cuenta con un presupuesto que ronda los tres millones de euros. El AVE se convirtió en foco de polémica hace unos meses con la publicación de diversos informes que ponían de manifiesto que prácticamente ninguna de las líneas de alta velocidad actualmente en funcionamiento son rentables ni lo serán en el corto y medio plazo.
La polémica generada por los informes, que coincidió con la campaña electoral de las municipales y autonómicas, llevó al Ministerio de Fomento a anunciar que en adelante los grandes proyectos de infraestructuras deberían contar con un informe favorable de rentabilidad financiera y socioeconómica para salir adelante. En lo que se refiere al AVE, la medida ya está en camino aunque todo parece indicar que llega demasiado tarde.
En España, los diferentes gobiernos de los últimos 30 años han desarrollado la segunda mayor red de alta velocidad del mundo, por detrás de la china, con un volumen total de inversión, entre la realizada y la comprometida, que se aproxima a los 55.000 millones de euros.
El resultado ha sido un tramado de más de 2.300 kilómetros actualmente en funcionamiento que no tardará en llegar a los 3.000, una vez se abran al tráfico tramos que están a punto de finalizarse.
Sin embargo, el desarrollo de tan ambicioso plan nunca se respaldó con un estudio o informe como el que ahora encarga Fomento. Al menos, esa fue la conclusión a la que llegó Fedea, en un trabajo que presentó a finales del pasado mes de marzo y que levantó ampollas. Este informe concluía que la demanda actual de viajeros de alta velocidad apenas es la mitad de la prevista, con lo que los corredores en funcionamiento no serán rentables, al menos en los próximos 50 años.
Los informes... y el presidente de Adif
Menos de dos meses después, el Tribunal de Cuentas daba a conocer un informe que también ponía sobre la mesa la insostenibilidad del modelo actual de desarrollo de la alta velocidad en España, hasta el punto de que instaba al Gobierno a reconsiderar sus planes para completar la red.
El hecho de que los estudios fueran publicados poco antes de las elecciones avivó el debate hasta el punto de que algunas formaciones políticas, como Ciudadanos, instó al Gobierno a detener las inversiones en la red de AVE.
Pese a todo, Fomento ha seguido con la ruta trazada, con el único matiz del estudio sobre viabilidad y rentabilidad encargado, cuyo coste también ha sorprendido, por elevado, al sector.
En el improvisado debate también intervino el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre, quien llegó a asegurar que la red de alta velocidad no tenía ningún sentido en la actualidad debido a que la demanda resultaba escasa para la inversión que se había destinado a su construcción. El punto de partida debería ser, al menos, 50 millones de usuarios por año. En 2015 podría sobrepasarse la cifra de 30 millones entre alta velocidad y larga distancia, lo que ya ha sido catalogado de éxito por parte de Fomento.
Una de las conclusiones del informe de Fedea rezaba que si se hubiera contado con un estudio de viabilidad y rentabilidad acerca de las líneas de alta velocidad, probablemente ninguna se hubiera construido. Después de 3.000 kilómetros y de 55.000 millones de euros de inversión, la decisión de Fomento parece llegar demasiado tarde.
