A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Madrid se encontró con una insólita circunstancia al verse obligado a declarar desierta la licitación de un contrato de recogida de basuras y prorrogar el ya existente con el adjudicatario, en este caso FCC. Precisamente, la de este grupo fue la única oferta que llegó, aunque no cumplía con todos los requisitos. Ya entonces se puso de manifiesto la existencia de problemas con motivo del empeño del Consistorio madrileño en querer ajustar tanto los presupuestos.
A los grandes grupos proveedores de servicios no les salían las cuentas. El montante de la licitación hacía inviable la rentabilidad de los contratos y, por lo tanto, esta circunstancia desaconsejaba presentarse al concurso. En los meses previos, los aspirantes a llevarse el contrato mantuvieron diversas reuniones con el Ayuntamiento con el fin de expresar su preocupación por este extremo y proponer soluciones, eso sí, sin resultados.
Meses más tarde se ha hecho realidad el escenario que por entonces dibujaba la patronal Aselip y que preveía recortes de puestos de trabajo si las circunstancias no cambiaban. Y no sólo en lo referido a los presupuestos de los contratos.
Los ayuntamientos han vuelto a las andadas de acumular facturas impagadas en los cajones (aproximadamente deben 1.200 millones ya a las grandes constructoras). En el caso de Madrid, se trata de uno de los consistorios más morosos de España y de los que más tardan en pagar.
Nuevo aviso sin respuesta
Los expertos señalan que los servicios son una actividad muy intensiva en capital, exige fuertes inversiones desde el primer momento, lo que hace que sea especialmente incómodo para los adjudicatarios de contratos el asunto de los retrasos en los pagos.
El Ayuntamiento de Madrid licitó el pasado verano nuevos contratos para el mantenimiento de zonas verdes y, por entonces, presumió de haber ajustado al máximo los presupuestos, hasta el punto de haber generado un ahorro superior a los 250 millones de euros. Por entonces, el Consistorio capitalino no se encontró con una falta de ofertas.
Sin embargo, a la vuelta de vacaciones se ha topado con una circunstancia preocupante: algunas de las empresas concesionarias van a aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE) en sus plantillas, lo que ha generado una firme respuesta de los sindicatos, en forma de amenaza de huelga.
Como sucediera con el contrato de basuras, los potenciales adjudicatarios del concurso de mantenimiento de zonas verdes mantuvieron encuentros con los responsables del Ayuntamiento de Madrid y les expresaron sus dudas por la viabilidad de los contratos con las circunstancias económicas que presentaban. Al encontrarse con una falta de respuesta por parte de las autoridades han decidido actuar de otra manera.
