El juzgado de instrucción número 8 de Sevilla ha aceptado investigar una denuncia contra Ángel Ron, expresidente de Banco Popular hasta hace 3 meses, Vicente Gálvez Fernández, exdirector regional del banco en la zona de Sevilla Sur, y Luis Marín Abril, actual director en Andalucía Occidental. Se ha dado aviso a Fiscalía y a la Guardia Civil para que comience sus actuaciones como policía judicial ante las sospechas de que el Banco Popular en su división sevillana dio préstamos abultados a clientes que ya estaban en mora, a través de sus apoderados, provocando una salida de efectivo que luego no se ha devuelto.
La denuncia, que obra en manos de Vozpópuli, ha sido presentada por un empleado del Popular adscrito al departamento de reestructuración de deudas de la entidad bancaria, donde aseguraba que podía observar las transacciones y operaciones bancarias realizadas. En ella se asegura que Vicente Gálvez autorizó dos préstamos bancarios en Coria del Río (Sevilla) a una SL el 4 de junio de 2014 valorados en 310.000 y 885.000 euros. A la vez y con la misma fecha de apertura se concedió otro préstamo por 225.000 euros a otra SL.
Se hicieron préstamos abultados en 2014 a un cliente que estaba en mora desde 2012
La presunta irregularidad consiste en que "el dinero fue retirado al instante y en su totalidad por ventanilla mediante el otorgamiento de cheques bancarios por cuantía igual a la concedida en préstamo, teniendo expreso conocimiento la entidad bancaria de la reconocida situación de morosidad que presentaba en esos momentos" el apoderado de la empresa que recibió el préstamo. Esta morosidad estaba cifrada en 1.829.316 euros según la denuncia.
Misma fecha de vencimiento
"Este responsable mercantil arrastraba una morosidad desde el año 2012, por lo que el banco actuó dolosamente facilitando el acceso de un préstamo previamente en situación de morosidad como avalista y apoderado de las citadas mercantiles siendo conocedor el banco de estos hechos", continúa el texto presentado ante el juzgado de guardia de Sevilla el 19 de abril de este año.
Los préstamos no llegaron a devolverse pese a concederles 2 años de carencia
Este escrito asegura que de estos 1,3 millones de euros prestados, "que pasaron por tres filtros jerárquicos que se corresponden con los denunciados", tenían como fecha de vencimiento para la primera letra "el 6 de junio de 2016", con dos años de carencia, una letra que no llegó a devolverse en ningún caso, lo que según el denunciante era algo "evidente que iba a ocurrir porque ya eran clientes morosos".
El Popular no recibió aparentemente ninguna contraprestación por estos préstamos tan ventajosos que abonó íntegramente en efectivo a unas sociedades limitadas con problemas de solvencia.
Corrupción en los negocios
Por todo ello, el empleado denunciante cree que se ha podido cometer un "ilícito penal tipificado en el artículo 286 bis correspondiente a corrupción en los negocios", y le parece sospechoso que los directivos responsables de conceder el dinero no hayan tenido beneficio alguno, "dada la liquidez inmediata con que se entregan las cantidades", 1 millón y 300.000 euros que se retiraron en ventanilla "apenas 24 horas después de haberse firmado el acuerdo".
Esta denuncia supone el inicio de una inédita actuación penal por presunta mala praxis en el Banco Popular, que ha sido recientemente adquirido por el Banco Santander por un euro más su deuda.
