La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente panameño, Ricardo Martinelli, se reúnen el lunes para buscar una solución al conflicto desatado por la amenaza del consorcio que trabaja en la ampliación del Canal de Panamá de suspender las obras si no son satisfechas sus peticiones. El consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal) liderado por la empresa española Sacyr e integrado además por la italiana Impregilio, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, anunció el pasado día 30 que paralizará las obras si no se le reconoce un sobrecoste de unos 1.600 millones de dólares en el proyecto.
Durante su visita a Panamá, Pastor mantendrá encuentros con todas las partes implicadas -el Gobierno, el consorcio y la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP)- con el objetivo de "ayudar y mediar" en la búsqueda de una solución que permita "alcanzar un acuerdo" que satisfaga a todas las partes.
La ministra estará acompañada por el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia. En los últimos días, se han multiplicado las voces y los argumentos cruzados con respecto al circunstancias que rodean a esta obra de ingeniería, considerada una de las mayores del mundo.
Así, mientras el consorcio defiende que los trabajos se han encarecido debido a la existencia de fallas geológicas no previstas en los estudios de licitación del proyecto, la Autoridad del Canal asegura que el sobrecoste demandado no está justificado y que su único objetivo es engrosar el contrato. El consorcio afirma que carece de liquidez para continuar con los trabajos, a lo que la Autoridad del Canal de Panamá responde que ha pagado "religiosamente".
Pese a las desavenencias, las vías de resolución permanecen abiertas: el consorcio insiste en negociar con la Autoridad y esta se muestra dispuesta a reconocer parte del sobrecoste, siempre que este esté suficientemente justificado. Al margen de estas negociaciones, cuyo avance se desconoce, se ha abierto una vía política después de que Martinelli anunciara que viajaría a España e Italia para exigir a sus Gobiernos que las empresas de sus respectivos países cumplan el contrato.
La respuesta por parte del Gobierno español es la visita de Pastor a Panamá, donde tiene previstas tres reuniones: primero con los responsables del consorcio, después con Martinelli, y finalmente con el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, y el administrador de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano.
Las autoridades panameñas insisten en que las obras de ampliación del Canal de Panamá se terminarán en cualquier caso, aunque implique retrasos. El contrato está protegido por una aseguradora, de manera que si finalmente el consorcio no concluye los trabajos, la propia ACP podrá asumirlos o adjudicarlos a otra compañía.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá comenzaron en 2007 y se prevé que estén terminadas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato. El programa de ampliación del Canal registra un avance total del 72%, mientras que el de la construcción del nuevo juego de nuevas esclusas es de un 65%
El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros), la oferta más barata, de los cuales 3.118 millones (unos 2.278 millones) corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Ya en 2012 el consorcio reclamó 585 millones de dólares (428 millones de euros) por problemas con la mezcla de cemento, lo que fue rechazado por la Autoridad del Canal.
Además, el pasado mes de diciembre, el consorcio presentó otra reclamación por 850 millones de dólares (622 millones de euros), que todavía no se ha resuelto.
