La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteará una batalla para evitar que la justicia tumbe otra de sus resoluciones. El regulador recurrirá al Tribunal Supremo para tratar de revertir la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la multa que impuso en 2015 a Repsol por su política de fijación de precios y de descuentos en las gasolineras, según han explicado a Vozpópuli fuentes de la Institución.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional decidió el pasado 28 de julio librar de esta multa a la compañía presidida por Antonio Brufau, al considerar que la resolución contra la petrolera contenía un defecto de forma, según adelantó este lunes 'El Confidencial'.
En concreto, atribuyó la infracción de forma exclusiva a Repsol S.A., cuando la actividad del mercado de distribución de combustibles de carburantes a través de estaciones de servicio le corresponde a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, según esgrimió la compañía en su recurso ante la Audiencia Nacional.
En opinión del tribunal, la resolución del 'súper-regulador', vulneró el principio de “personalidad de la pena”, lo que, a su juicio, supone un defecto de forma que justifica la retirada de la multa, que ascendía a 22,6 millones de euros.
El recurso ante el Tribunal Supremo de la CNMC tratará de demostrar que la responsable última de esta infracción es Repsol S.A., que, entre otras cosas, posee el 99,78% de las acciones de la distribuidora de carburantes de su grupo. Fuentes cercanas al Consejo del regulador han precisado a Vozpópuli que existen precedentes en la jurisprudencia europea que avalan esta tesis y que esperan que el Alto Tribunal tome en consideración.
La matriz de Repsol posee el 99,78% de las acciones de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos.
Cabe señalar que la resolución por la que se imponía diferentes multas a Repsol, Disa Corporación Petrolífera, Meroil y Galp Energía España estaba apostillada por dos votos particulares, firmados por Benigno Valdés y Fernando Torremocha, en el que se advertía del defecto de forma que ha argumentado la Audiencia Nacional.
“La resolución (…) debió configurar en Derecho la correcta titularidad de las empresas imputadas (…) como reales intervinientes en este mercado de suministro de carburantes en las estaciones de servicio. Y ello, a mayor abundamiento, cuando estas empresas hoy imputadas y sancionadas hicieron alegaciones en este sentido que no fueron consideradas”, apuntó Torremocha, al respecto.
A juicio de Valdés, lo más apropiado en este caso hubiera sido imputar la infracción a Repsol S.A. y a su filial, pero no en los mismos términos. "A la infractora procede imputarla como tal, y al grupo empresarial al que pertenece (o a la entidad que posee la mayoría de sus acciones) sólo en tanto que responsable subsidiaria que deberá hacerse cargo de la sanción eventualmente impuesta a la efectivamente infractora si ésta no pudiera hacerle frente".
Relación complicada Repsol-CNMC
No hay que olvidar que la relación de Repsol con el regulador ha sido muy complicada desde la puesta en marcha de este organismo en 2013. De hecho, la compañía petrolera llegó a recusar a su presidente, José María Marín Quemada, y a las consejeras Idoia Zenarrutzabeitia y María Ortiz después de la apertura de un procedimiento sancionador contra la compañía, en 2015.
Repsol acusó a Marín Quemada de tener un “sentimiento personal de rechazo y aversión” hacia las petroleras, como –a su juicio- quedó demostrado tras intervenciones públicas como la que realizó en febrero de 2015, en la que se vanaglorió de que la CNMC consiguiera “que la gasolina esté más barata que el café del Starbucks”. El Pleno del regulador, presidido ese día por su vicepresidenta, María Fernández, rechazó esta recusación por unanimidad.
