Acción y reacción. Pocos días después de que llegara a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una notificación de la Audiencia Nacional que advertía de la anulación de la multa de 20 millones de euros que impuso a Repsol en febrero de 2015, el regulador ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo esta sentencia, que se fundamenta en un error formal, pero que no cuestiona el fondo del expediente sancionador, según han detallado a Vozpópuli sus fuentes oficiales.
Repsol fue sancionada en febrero de 2015 con 20 millones de euros por haber realizado durante 2011, 2012 y 2013 pactos de precios y de no agresión con Cepsa en algunas de sus estaciones de servicio, algo que no está permitido por ley. La petrolera recurrió la multa ante la Audiencia Nacional, que recientemente se ha pronunciado a su favor.
El tribunal considera que el expediente sancionador de la CNMC incurrió en un error de forma, puesto que atribuyó las infracciones a Repsol S.A., cuando realmente las cometió Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.. Es decir, una filial del grupo participada al 99,78% por su matriz que está dedicada a la distribución de combustibles y carburantes en las estaciones de servicio.
A juicio del regulador, la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta el criterio fijado por Bruselas, que no desvincula a las matrices de las acciones efectuadas por sus filiales. Así lo hará constar en el recurso, en el que solicitará al Alto Tribunal que ratifique la sanción millonaria con la que castigó a la petrolera presidida por Antonio Brufau.
Hay que tener en cuenta que, el pasado verano, la CNMC también acudió al Tribunal Supremo para tratar de revertir otra decisión de la Audiencia Nacional relacionada con Repsol. En esa ocasión, por una multa de 22,5 millones de euros que recibió por idénticas prácticas y que fue anulada por el mismo motivo.
Diversas multas anuladas
Lo que ha ocurrido con la petrolera no se puede considerar como un caso aislado, puesto que la justicia ha tumbado varias de las multas más altas que los reguladores que aglutina la CNMC han impuesto a las empresas en los últimos años. Antes y después de la llegada de José María Marín Quemada a la presidencia, tras su unión, en 2013. Sin ir más lejos, el pasado septiembre la Audiencia dejó sin efecto una multa de 120 millones de euros que recibieron en 2012 Telefónica, Orange y Vodafone por abuso de posición.
Unos días antes, el mismo tribunal había tumbado una sanción de 26 millones de euros que recibió en 2014 la compañía entonces presidida por César Alierta por las irregularidades detectadas en los contratos de permanencia que establecía con sus clientes.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Pedro Saura, lamentó durante una sesión celebrada el pasado septiembre que de los 914,66 millones de euros en multas que entonces había impuesto la CNMC -en 272 expedientes sancionadores-, sólo hubiera conseguido cobrar el 3% por las acciones legales tomadas por las empresas. Por esta razón, el diputado apostó por reformar el régimen de sanciones para incrementar su efectividad.
Lo que ha quedado claro en estos cuatro años es que algunas empresas han respondido con una especial beligerancia ante los castigos de la autoridad de competencia. Sin ir más lejos, el citado expediente sancionador a Repsol motivó que la petrolera pidiera la recusación del presidente de la CNMC y de dos consejeras, al considerar que habían actuado con animadversión hacia su empresa. Esta medida, planteada en febrero de 2015, no prosperó después de que el Pleno del organismo respaldara, por unanimidad, a los tres miembros señalados.
