En los últimos días, Luxemburgo se ha llenado de españoles. Nada que ver con que el Gran Ducado se haya convertido en un nuevo destino estrella de los turistas, sino con la oleada de demandas que han presentado accionistas de Banco Popular. En ellas se exige a la Junta Única de Resolución (JUR, el Frob europeo) que anule la venta a Santander y que indemnice a los inversores. Se prevén reclamaciones por valor de 2.000 millones.
Este medio ha tenido acceso al contenido íntegro de una de ellas, del bufete Jausas por valor de 105 millones, y ha hablado con otros despachos. Hay cuatro grandes argumentos para poner contra las cuerdas a Europa en su propio feudo:
1. Ausencia de motivación. Es uno de los argumentos esgrimidos por la demanda de Jausas, que representa a clientes de banca privada y aseguradoras, y cuya demanda llegó el pasado lunes. Este bufete recuerda que la normativa europea da cuatro condiciones para resolver (intervenir/rescatar) una entidad: que se vaya a quedar sin apenas fondos propios; que el activo sea inferior al pasivo; que no pueda hacer frente al pago de deudas o demás pasivos; y que necesite ayudas públicas. Según Jausas, Europa hizo un informe no confidencial afirmando que se cumplían estas condiciones, pero sin precisar cuáles y los números que lo avalan. Además, recuerda que la motivación es clave para provocar pérdidas a accionistas privados para un fin público.
Demanda de Jausas en Luxemburgo. by Vozpopuli on Scribd
"La ausencia de motivación, la ocultación de las razones determinantes de la decisión de la autoridad, incrementa y consolida también el riesgo de arbitrariedad en la medida en que facilita que el organismo administrativo actúe caprichosa o interesadamente, al margen de los límites impuestos por la normativa aplicable y por la doctrina jurisprudencial que la interpreta y desarrolla", apunta la demanda.
La jurisprudencia europea prohibe que se expropien inversiones privadas sin la debida justificación, según Jausas
2. Filtraciones de la JUR. Varios demandantes, como los multimillonarios chilenos Luksic (presentan su demanda en septiembre) y el bufete B. Cremades & Asociados coinciden en que Europa alentó (de forma involuntaria) la fuga de depósitos que aceleró la caída del Popular.
"Este problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos", señala la demanda de Cremades & Asociados.
El problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas"
3. Vulneración de la tutela judicial. Derivado de la falta de motivación de la resolución, Jausas considera que hay una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial: "La tutela judicial efectiva que garantiza la Carta exige que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución que le afecta, lo que en este caso no ocurre porque el organismo público de la Unión ha declarado confidencial la parte más sustancial de la justificación de su decisión".
Este bufete recuerda distintos puntos de la normativa europea que exigen transparencia con los inversores que pierden su dinero. Un ejemplo es el artículo 40 del Reglamento 806/2014, que expone que las personas físicas y/o jurídicas "tendrán derecho a acceder al expediente de la Junta, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales".
"La jurisprudencia ha precisado asimismo que, en principio, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva. La falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante las instancias de la Unión", añade el escrito de Jausas.
4. Rechazo a otras alternativas. Tanto Jausas como otros demandantes por Popular consideran que Europa no tuvo en cuenta distintas alternativas que la entidad tenía sobre la mesa, como la posibilidad de ampliar capital para reforzarse y salvar así al grupo. Inversores latinoamericanos liderados por Del Valle tenían sobre la mesa 2.500 millones, y un grupo de accionistas liderado por Félix Revuelta (con más de un 6% del capital) ofrecía también respaldar la operación.
