La imputación, hace apenas unas semanas, de la auditora Deloitte y de su socio Francisco Celma por su presunta participación en el falseamiento y ocultación de la situación de BFA-Bankia antes de su salida a Bolsa en julio de 2011 ha provocado que ambos investigados hayan optado por estrategias radicalmente distintas de defensa. Tanto que a nivel judicial cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, tal y como muestran los escritos aportados a la causa por parte de ambos y a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
El primero en mostrar sus cartas fue la propia Deloitte. El gigante de la auditoría y la consultoría ha optado por lavarse las manos y, en todo caso, echar las posibles culpas a su socio en Bankia y compañero de imputación, Francisco Celma. En un escrito de alegaciones remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Fernando Andreu, la multinacional asegura que las sociedades profesionales de auditoría no pueden tener responsabilidad penal ninguna ya que éstas se rigen "por imperio legal por los principios de absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su labor como auditor, de modo que su actuación no puede transferirse, porque no participa en ella, a la sociedad de la que el auditor es socio".
Una reciente reforma legal permite atribuir responsabilidades penales a las instituciones, y por esta razón está Deloitte imputada
Una reciente reforma legal permite atribuir responsabilidades penales a las instituciones, y por esta razón está Deloitte imputada. Sin embargo, los abogados de la antigua auditora de Bankia sostienen en su escrito que no procede traspasar en ningún caso la responsabilidad de Celma a la firma dado que éste actuó en todo momento con "independencia y autonomía". Creen además que sin escuchar antes al socio, no tiene sentido llamar a declarar a compañía en calidad de investigada.
Celma cree imposible revisar toda la documentación
Por su parte el antiguo socio de Deloitte en Bankia, Francisco Celma, ha remitido este pasado viernes otro escrito de alegaciones al juez Andreu, en el que le solicita que se posponga su declaración como imputado en la causa, prevista para el 20 de junio. Los abogados del experto auditor se basan en lo que consideran una "absoluta imposibilidad" de conocer de una forma adecuada el contenido de toda la instrucción. Ésta, iniciada a mediados de 2012, acumula ya más de 140.000 folios, según su defensa, que considera por tanto que su representado no podrá disfrutar de un derecho a la mismaadecuado.
Celma sostiene en su alegato remitido a la Audiencia Nacional que la complejidad del caso obliga a realizar un análisis pormenorizado que a su vez necesariamente ha de conllevar un retraso de la fecha de declaración. Y pone para ello como ejemplo a uno de los querellantes (la Confederación Intersindical de Cajas, CIC), que en sus acusaciones apuntan a un número indeterminado de presuntos delitos o irregularidades. "Exigen un análisis de lo actuado hasta el momento para su correcta concreción a los efectos de poder ejercitar debidamente el derecho de defensa", tal y como se refleja en el escrito.
Así, el que fuera socio responsable de Deloitte en Bankia, pide posponer la declaración del 20 de junio y apuesta por situarla en la última semana de julio, "en el día que mejor se ajuste a la agenda de este digno juzgado, todo ello para que entretanto esta parte pueda instruirse adecuadamente del contenido de las presentes actuaciones (...) lo que resulta absolutamente indispensable para un adecuado ejercicio de su derecho a la defensa".
